13 de mayo de 2026

El eje Caracas-Beijing y la narrativa de la segunda Guerra Fría en la doctrina de Seguridad Nacional de Donald Trump

Por Héctor Hernán Díaz Guevara*

Introducción

El orden del mundo basado en reglas, dominado por el unanimismo en torno a la promoción del orden occidental caracterizado por el libre comercio, la globalización, la promoción de la multiculturalidad, el multilateralismo y el fomento de sistemas demoliberales trajo consigo un periodo de relativa estabilidad en el comercio global y junto a ello la acumulación de riqueza más grande jamás conocida por la humanidad. Este orden idealista —pero conducido en la práctica por un realismo pragmático y fuertemente intervencionista— fue liderado por Estados Unidos de forma monolítica entre 1991 hasta algún punto de la segunda década del siglo XXI cuando las condiciones provistas por este sistema permitieron el auge de la República Popular China (RPC).

Las razones para el conflicto estaban servidas, el auge chino y el giro dado por Xi Jinping (2012- ) convirtió a su país en el mayor socio comercial del planeta, articulando todos los continentes entre sí a través de megaproyectos de infraestructura globales —reunidos en la iniciativa de la Franja y la Ruta— que facilitan el comercio de bienes provenientes de China, así como el acceso a materias primas y créditos económicos flexibles. El avance de este proyecto que refleja el principio de los acuerdos “ganar-ganar”, combinado con la pérdida de competitividad manufacturera estadounidense y junto al deterioro de la credibilidad estratégica de Washington tras las guerras de Iraq y Afganistán crearon la idea —entre un sector del conservatismo norteamericano— que era necesario que Estados Unidos se replanteara no solo su estrategia de las últimas tres décadas sino el propio orden basado en reglas.

Para Nial Ferguson (2019) la fecha de defunción de este sistema internacional se dio en el año 2019 para dar paso a una nueva Guerra Fría librada entre Washington y Beijing que tuvo como hito más memorable el inicio de la guerra comercial abierta por la primera administración Trump (2017-2021) contra China.

Pero esta nueva etapa en la política internacional no es una consecuencia de la guerra comercial sino de la suma de las denuncias norteamericanas por robo de propiedad intelectual que arreciaron contra las empresas del país asiático, denuncias que se conjuntaron con los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en Xinjiang contra el pueblo uigur, todos estos señalamientos comenzaron a copar titulares en la prensa occidental. El impacto mediático fue inmediato, llevando —según Ferguson— a que en unos pocos meses la desconfianza de los estadounidenses hacia sus similares chinos se duplicara pasando de este modo a ser 6 de cada 10 ciudadanos quienes les ven con recelo, el registro más alto de la historia.

Este acelerado giro llevó a una política más agresiva hacia China y debe ser entendido en el marco de un reordenamiento de la gran estrategia estadounidense. Este reacomodo fue ordenado por Donald Trump (2017-2021) durante su primer mandato en el que se decidió reemplazar la política del pivote asiático y poner así un freno a China, país que era uno de los principales socios económicos y que se había mostrado respetuoso del sistema internacional basado en reglas no comulgaba, sin embargo, con la excepcionalidad norteamericana y a medida que su poder económico se incrementaba también lo hacía su voz que era más fuerte a la hora de recordar su histórica postura en favor de un sistema internacional multipolar y la condena al hegemonismo (Xi Jinping, 2017, 2022). Todas estas razones llevaron a que dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 Washington mencionara por primera vez a China como un “competidor estratégico”, la antesala de ser una amenaza.

El giro estratégico de Trump, a decir de Brands (2018), consistió en replantear el modelo de mutuos beneficios que caracterizó al orden mundial y reemplazarlo por uno donde los beneficios queden siempre del lado estadounidense. Este giro soberanista vino a reemplazar el multilateralismo globalista del sistema anterior conlleva, sin embargo, el riesgo derivado del hecho de que buena parte del poder estadounidense deriva no sólo de su riqueza y su ejército, sino de que apoyar a Washington en su preeminencia era sencillamente beneficioso para sus aliados.

El balance final de los aliados tradicionales, pese a la retórica nacionalista de Trump, fue que en todo caso continuar con el orden global liderado por los Estados Unidos seguiría siendo conveniente así perdieran parte de sus beneficios y tuvieran que aportar más a antiguas tareas costeadas casi completamente por la potencia norteamericana;[1] de modo tal que si buscar la marginación de China era el costo político y económico a pagar por seguir beneficiándose del orden américano, es posible afirmar que buena parte de los aliados occidentales de Estados Unidos estuvieron dispuestos a seguir a Washington en su guerra comercial y en las iniciativas que vendrían aupadas por las futuras administraciones: la confianza en el retorno a un sistema de ganancias compartidas mantuvo la fe en el nuevo orden internacional que se estaba creando desde la Casa Blanca.

En todo caso, fuese cual fuese el enfoque dado a la gran estrategia estadounidense ya quedaba claro que la RPC sería el Estado a debilitar y esta no fue una decisión política limitada al bando republicano sino que la administración subsiguiente —la del demócrata Joe Biden (2021-2025)— la continuó y la profundizó implementando sanciones específicas, mismas que buscaban limitar el acceso de las empresas chinas a algunos sectores estratégicos como los de la fabricación de microprocesadores de alto rendimiento en una iniciativa que fue secundada por la Unión Europea y el Reino Unido.

Sin embargo, a parecer de autores como Lin et al. (2025), los resultados de estos castigos fueran contraproducentes. Esta afirmación la realizan a través de la recolección de evidencia que les permite señalar que las sanciones si bien generaron un shock momentáneo en las empresas chinas sancionadas, estas rápidamente pudieron reincorporarse al mercado sobre la base de un ámplio apoyo crediticio por parte del gobierno que inmediatamente socorrió a los sectores afectados; otra clave del éxito en el sorteo de las sanciones, continúan los autores, radicó en que buena parte de las empresas afectadas disponían de una amplia reserva de talento disponible logró enfocar los nuevos recursos en innovación tecnológica para poder seguir siendo competitivos en el mercado global. En resumen, las acciones estadounidenses contra las empresas chinas ayudaron a su dinamización y a desarrollar sus propias tecnologías para no depender de los suministros occidentales, mismas que fueron desarrolladas sobre la base de un generoso apoyo crediticio por parte del Estado y del capital humano propio enfocado a mantener una producción competitiva.

El regreso de Donald Trump en una segunda administración (2025-2029) continuó las sanciones a China en el marco de una guerra arancelaria global donde el recurso soberanista pareciera ahora buscar la manera de reposicionar a los Estados Unidos como un centro manufacturero, haciendo más atractiva la idea de producir allí al tiempo que acorta las líneas de suminstro globales que mostraron su fragilidad con la pandemia de 2020. El hecho objetivo es que, a pesar del uso intensivo de la diplomacia económica norteamericana para combinar su estrategia de reindustrialización con las sanciones contra China es ineficaz, pues no sólo no ha logrado retrasar el avance de las empresas asiáticas sino que tampoco parece haber contribuido a un mayor impulso de la propia agenda económica doméstica (Aparicio & Luttman, 2025).

Ahora, si bien en términos económicos la Casa Blanca parece errática a la hora de diseñar una estrategia coherente que debilite a su adversario al tiempo que fortalezca sus sectores productivos, lo cierto es que las herramientas de la diplomacia económica y comercial no han sido las únicas utilizadas por Donald Trump quien desde el inicio de su segunda administración puso manifiesto su interés por utilizar todos los recursos a su alcance para mantener la preeminencia norteamericana en el sistema internacional, los recortes a mansalva adelantados durante los primeros meses de su administración que desmatelaron buena parte de su poder blando construido por décadas[2] dejaron solo dos herramientas a Washington para cumplir sus objetivos, una: la diplomacia económica de la que ya describimos los problemas que tiene para lograr sus fines de lograr la reindustrialización de Estados Unidos, ya no digamos de detener el avance de China; y dos, el poder duro: el uso de la fuerza para recuperar la influencia política.

La influencia económica y el poder político

El objetivo de la diplomacia económica como hemos visto guarda una estricta relación con el poder político. Una notable transformación del primero en el segundo la hemos podido ver en la evolución de la relación de China con los países del sur global, con quienes ha establecido una relación sobre la base de acuerdos ganar-ganar que le ha llevado a convertirse en el socio comercial más importante de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del continente africano; pero también se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina, muy cerca de desbancar a Estados Unidos de la posición de privilegio en su propio hemisferio donde ya es el principal socio de dos de las tres potencias regionales —Brasil y Argentina— y también de otros importantes actores en la región con quienes ha establecido acuerdos Ganar-Ganar (Dussel Peters, 2015) como, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

            La relación con este último país ha sido quizá la más problemática de los grandes socios de China en la región, primero porque ha sido el país entre los antes citados, que más fondos y créditos flexibles ha recibido por parte de Beijing. Y esta relación especial responde a una profundización estratégica que han vivido ambos países desde la subida al poder de Hugo Chávez (1999-2013), quien exploró caminos para acercar los intereses comunes —que coincidían en la búsqueda del multipolarismo—  y fue este camino el que llevó a que en 2001 establecieran una “asociación estratégica”, siendo esta dinámica relación la que dio paso al fondo por medio del cual China se comprometía a otorgar 8.000 millones de dólares al gobierno venezolano mientras este se comprometía a venderles más petróleo; luego en 2010 se autorizaría un nuevo préstamo a Caracas por 20.000 millones de dólares adicionales para refinanciar la deuda de la petrolera estatal venezolana; finalmente, el último gran apoyo al chavismo en vida de su fundador fue al plan de vivienda familiar un año antes de su muerte en 2013.

Esta cooperación debe ser entendida no solo como una consecuencia de la complementariedad económica entre un país con una industria en pleno desarrollo y un exportador de materias primas como Venezuela; también hay una dimensión ideológica relevante, sobre todo para el socio caribeño. Sin embargo, como veremos, el entusiasmo político derivado de las relaciones “sur-sur” en el que se enmarcaban Caracas y Beijing no era compartido con el mismo entusiasmo por ambas partes, en palabras de Xulio Ríos “El socialismo bolivariano y el socialismo con características chinas tienen en común el intento de dar una respuesta nacional a las demandas de modernización, desarrollo y justicia social. Las invocaciones de fuentes ideológicas compartidas en Caracas ofrecen una lectura quizás más comprometida, pues China, arraigada en el pragmatismo, no se deja seducir del todo e incluso se considera peligrosa desde el punto de vista de su propia experiencia histórica con el maoísmo.” (Ríos, 2013).

La falta de entusiasmo por el rumbo político venezolano se agravó con la subida al poder de Nicolás Maduro (2013-2026) y los desbarajustes de la economía venezolana que heredó de su antecesor[3] pero que era paliada gracias a los préstamos chinos y a los altos precios del petróleo, la caída constante del valor del barril en el mercado internacional desde 2015 agravó todos los defectos macroeconómicos del modelo chavista y con ello también condicionó las líneas crediticias chinas, socavando de este modo la base sobre la que se había sostenido el modelo.

Lo anterior no derivó en que se pusiera fin a la cooperación económica sino a que esta estuviera claramente dirigida a proyectos productivos destacando entre ellas la inversión en proyectos como el de la Franja del Orinoco, al año 2018 las inversiones chinas en el desarrollo de infraestructuras minero-energética suepraba los 62.000 millones de dólares  (Briceño & Molina, 2020: 158).

Estas inversiones no evitaron la inestabilidad política que había dominado todo el proceso de la Revolución Bolivariana y a medida que se profundizaba la crisis generalizada del país se dieron una multitud de manifestaciones antigubernamentales y que derivó en un éxodo de venezolanos sin precedentes en la región. El gobierno de Maduro supo sobrevivir a las protestas y mantuvo a China como su socio internacional más relevante, más aún a medida que las sanciones estadounidenses agravaron el estado de la economía nacional con paquetes de sanciones principalmente dirigidos contra el sector productivo desde 2017, coincidiendo con el rótulo impuesto a China de “competidor estratégico” de Estados Unidos.

Estas condicionantes modelarían la relación desde ese momento, Venezuela velando por mantener una relación saludable con su socio económicamente más poderoso y China por su parte cuidando a su aliado de forma prudente, procurando de este modo sus amplias inversiones en el país.  En todo caso, pese a la crisis la relación con Caracas recibió de Beijing el calificativo de «Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo» en 2023; este es el grado más alto de cooperación otorgado por China y mostraba que los intereses de ambos países habían alcanzado un alto grado de compenetración, mismo que se alcanzó en el momento álgido de las sanciones contra las tecnológicas chinas del gobierno Biden.

            Sin embargo, el regreso al poder de Donald Trump y el reordenamiento de su Doctrina de Seguridad Nacional de 2025 retomó la idea roosveltiana del gran Caribe como mare nostrum, mediterranizando la región a través del desplazamiento de una gran fuerza militar hacia las costas venezolanas —en teoría dirigidas a controlar el narcotráfico— pero que volvió a poner sobre la mesa el interés de Washington por acompañar con una fuerza militar formidable su presencia en el hemisferio, además, claro de acompañar con una gran armada las sanciones económicas y políticas con las que habían buscado un cambio de régimen desde 2017 en Venezuela. Esta, como veremos, no sería una simple demostración de fuerza sino una aplicación de la clásica definición de Clausewitz, de entender la guerra como una continuación de la política por otros medios.

El poder real frente a la crisis de hegemonía

No han sido pocos los autores que han hablado de la fragilidad del orden estadounidense donde algunos han inclusive llegado a señalar que el presente es el siglo del declive americano, donde el agotamiento del sistema llevó al historiador Harold James (2020) a comparar a los Estados Unidos con la Unión Soviética, idea que fue retomada unos años más tarde por Niall Ferguson quien viendo el éxtio económico chino señala que los soviéticos son ahora los americanos (2024); en una lógica semejante Atilio Borón (2021) señalaba que el poder estadounidense se había desvanecido y que debería repartir su poder.

Sin embargo, una revisión de autores clásicos como Hans Morgenthau nos permite matizar la idea del declive estadounidense y limitarla a aspectos económicos y culturales, pero también nos permite recordar que el poder de los estados radica en buena medida —si no fundamentalmente— en su capacidad militar, es decir, entender el interés en política internacional debe ser comprendido en términos de poder y que este funcionaba en una esfera separada de la “economía […] de la ética de la estética o la religiosa” (Morgenthau, 1986: 13).

Y en este rubro los Estados Unidos son (por mucho) la potencia militar más poderosa del planeta, sin embargo, su credibilidad estratégica se había visto puesta en cuestión no tanto por que se cuestione su efectividad para adelantar operaciones militares, sino por tener la voluntad para emprenderlas y sostenerlas a lo largo del tiempo pues los descalabros sufridos en sus desordenadas retiradas de Iraq y Afganistán,[4] dieron la impresión de que Estados Unidos había sido derrotado, no faltaron quienes hicieron notar las semejanzas con Saigón en 1975  (“From Saigon”, 2021; “Why Is the Taliban’s”, 2021).

Washington en su búsqueda por recomponer los intereses en política internacional decidió volver sobre el ejercicio del poder como el elemento ordenador de su acción política. En la introducción a su Doctrina de Seguridad Nacional de 2025 claramente señala que para poder asegurar su lugar de privilegio a nivel mundial es necesario establecer una estrategia coherente por lo que no todas las regiones tienen la misma equivalencia y en este mal entendimiento de lo que es la gran estrategia deriva el problema de la política exterior norteamericana desde el fin de la Guerra Fría pues se creó una lista de deseos que emparejaba la dominación global con los intereses de Washington (The President, 2025: 1), o en términos de Morgenthau: los Estados Unidos confundieron los intereses nacionales con fines universales.

Y es sobre esta confusión entre moral y política donde la administración Trump entró a actuar o, dicho de otro modo, dejó de entender el uso de la fuerza como un corrector de las desaveniencias del sistema internacional tal y como se entiende desde una perspectiva idealista para convertirla en el eje rector de los intereses estadounidenses. Y así, entendiendo que la región fundamental del poder norteamericano —desgastado política y económicamente durante décadas— era el hemisferio occidental. Así fue que Washington ordenó actuar contra Venezuela cuyo gobierno desde 1999 había sido el auspiciador de los más connotados enfrentamientos con la política estadounidense en la región.

Y fue así, dentro del marco de la Doctrina de Seguridad Nacional de 2025 donde queriendo encontrar un arco que legitimara el nuevo accionar hemisférica se invocó una actualización de la doctrina Monroe y su renombramiento como “Donroe” —o el corolario Trump— para expandir la influencia estadounidense en América Latina y así acabar con los riesgos que esta presentaba a la seguridad del país (The President, 2025: 15-19). No es un objetivo de este ensayo discutir la falsedad de que la región presentara riesgos para un país que es mucho más rico e infinitamente más poderoso militarmente que todos los demás estados del hemisferio juntos; sin embargo, sí atañe a nuestro interés hacer notar que el retorno al realismo marcado dentro de la nostalgia por el orden de la Guerra Fría que se deja entrever en la introducción a la doctrina de 2025 y cómo la justificación del ataque —más allá de la retórica sobre la democracia— lo que realmente ocultaba detrás era el interés por quitarle a China uno de sus aliados más importantes en la región.

De Caracas a Teherán

El día viernes 2 de enero de 2026 en el Palacio de Miraflores llegaba el alto delegado chino Qiu Xiaoqi con el objetivo de hacer el seguimiento a más de 600 acuerdos existentes entre ambas naciones y, sobre todo, dar un espaldarazo político a su aliado en medio de un mar de amenazas e infructuosas negociaciones sostenidas durante meses entre Caracas y Washington que, en teoría, buscaban mejorar la relación entre ambos países y darle una salida democrática al régimen.

Lo que no se esperaba era que al día siguiente de la visita de Qiu la Delta Force, apoyada por el despliegue de la cuarta flota, realizara un ataque directo contra el régimen, bombardeando a la escolta del presidente venezolano, asesinando a 81 personas —32 militares cubanos, 47 venezolanos y 2 civiles— tras lo cual capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mismos que fueron llevados a Nueva York para comparecer ante un juzgado.

Pese a la retórica y la euforia que acompañó a los opositores al chavismo, particularmente de quienes viven en el exilio, lo cierto es que al pasar los primeros dos meses tras la decapitación del régimen el interés de Washington no parece ser la transición democrática y al contrario, la prioridad fue garantizar la continuidad institucional en cabeza de la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que ella fuera la garante no solo del mantenimiento del Estado (y no repetir así los errores de las intervenciones de la era Bush) sino para que fuera el mismo régimen chavista —en su versión supervisada por la Casa Blanca— quien se encargara de cortar los lazos con los más notables contradictores de Washington en la región: Cuba, y Nicaragua; pero sobre todo que pusiera un alto a la relación que Venezuela tenía con otras potencias regionales y globales como Irán, Rusia y sobre todo, China, dejando claro así el verdadero objetivo de la intervención.

Los pasos a seguir durante los primeros días del gobierno de Rodríguez fueron encaminados a garantizarle a Washington el control sobre el petróleo venezolano. En palabras del Secretario de Estado Marco Rubio al ser preguntado el 28 de enero de 2026 por los fines de la intervención en Venezuela señaló lo siguiente:

¿Cuál es nuestro objetivo? En nuestro hemisferio, teníamos un régimen dirigido por un narcotraficante acusado que se convirtió en la base de operaciones de prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Para Irán, su principal lugar de operaciones en el Hemisferio Occidental era Venezuela. Para Rusia, su principal base de operaciones en el Hemisferio Occidental, junto con Cuba y Nicaragua, era Venezuela. En el caso de China, este país recibía petróleo con un enorme descuento, unos 20 dólares por barril, y ni siquiera pagaba por él. Se utilizaba para pagar la deuda que se les debía. Se trata del petróleo del pueblo de Venezuela, y se entregaba a los chinos como trueque con un descuento del 20 por ciento, en algunos casos un descuento de 20 dólares por barril. Así que, básicamente, tres de nuestros principales oponentes en el mundo operaban desde nuestro hemisferio desde ese lugar (U.S. Department of State, 2026).

Así que para garantizar la sobrevivencia del chavismo el precio a pagar por Rodríguez fue el realineamiento económico dentro de la órbita estadounidense. Las reacciones frente al bombardeo de Caracas y la captura de Maduro fueron ambivalentes, sin embargo, inclusive los gobiernos que en su momento más enérgicamente condenaron la intervención norteamericana como el de Gustavo Petro en Colombia —que llegó a exigir públicamente que se regresara a Maduro a Venezuela—, tras una reunión con Trump el martes 3 de febrero de 2026 suavizó su discurso llegando a ofrecer su territorio para que los Estados Unidos puedieran de manera conjunta con Bogotá evaluar cómo reactivar la economía venezolana (“Qué consiguió Petro,” 2026).

            Las presiones para que Venezuela redefiniera su relación con sus antiguos socios tuvo a su vez un efecto inmediato, los envíos de crudo a Cuba cesaron dejando a la isla al borde de la catástrofe humanitaria; las relaciones con Rusia se enfriaron. Pero con ninguno de los anteriores tenía el número de inversiones en el país sudamericano que China sí tenía, y de esto la prensa internacional dio cuenta señalando que al poco tiempo de capturado Maduro y ante las presiones estadounidenses altos funcionarios chinos estarían buscando la forma de que el gobierno de Rodríguez hiciera frente al pago de 20.000 millones de dólares en deuda  (Díaz Guevara, 2024; EFE, 2026). En todo caso queda claro que el objetivo de Estados Unidos era desplazar al adversario que a su parecer amenaza su hegemonía, reafirmando su presencia hemisférica por la fuerza.

            Sin embargo, a pesar de lo que se podría pensar, China cuenta con una cartera de proveedores de petróleo diversificada donde Venezuela no llegaba a representar más del 5% de su consumo en 2025; entre sus proveedores encontramos —según cifras obtenidas del Center on Global Energy Policy (2026) de la Universidad de Columbia— como principal vendedor de crudo a Rusia (18%), Arabia Saudí (14%), Malasia (11%), Irak (11%), Brasil (8%), UAE (7%), Omán (6%), angola (5%), Kuwait (3%), Canadá (3%) y otros (14%). En todo caso, el “desacoplamiento” forzado de la economía venezolana de China no resultó en una catástrofe para el abasto de petróleo de la potencia asiática pues, como se puede ver, la mayoría del suministro proviene de oriente medio, concretamente de las potencias del Golfo Pérsico y en una de ellas —la República Islámica de Irán— China tenía uno de los ejes de su arquitectura regional.[5]

            Y fue este país el siguiente en ser bombardeado por Estados Unidos después de Venezuela, arriesgando de este modo no solo el suministro de petróleo iraní sino poniendo en riesgo todo el tránsito por el estrecho de Ormuz pero, además de ello, arriesgando miles de millones de dólares en inversiones chinas en empresas tecnológicas, desarrollos de infraestructura ligadas a la Nueva Ruta de la seda, mismas que —según la Asociación Estratégica Integral a 25 años firmada en 2021 entre Beijing y Teherán— comprometía 400.000 millones de dólares (400 billones, en inglés) en inversiones chinas en Irán.

Son estos panoramas, el ofrecido de forma comparada entre Caracas y Teherán, los que permiten establecer que en el accionar estadounidense hay un eje sistemático que permite explicar el comportamiento agresivo de su política exterior y no es otro que defender sus intereses nacionales en el extranjero a través del uso del poder real y compensar así la ventaja perdida en materia económica.

Comentarios finales

Pocos días antes de la acción conjunta estadounidense e israelí en Teherán, el 23 de febrero un columnista de opinión escribía en The Washington Post —el diario con el que se informan desde hace décadas las élites de la capital norteamericana— que China había intentado comprarse un imperio y había fracasado porque en las últimas semanas descubrió que simples fallos judiciales como el sucedido en Panamá que le quitaba a una empresa hongkonesa derechos sobre el canal; o que la captura de Maduro ponía en entredicho rápidamente la influencia que a Beijing le había costado décadas acumular y que al final “La lección de la última década es sin duda esta: no se puede comprar un imperio, ni tampoco se puede adquirir influencia global. Lo único que cuenta es el poder duro” (“China Tried to Buy the World. It Failed.,” 2026).

Lo que deja de lado el autor es que tal vez el modelo chino no parta de la ingenuidad sino que comprende los riesgos que conlleva querer imponer su modelo por todo el orbe y que su visión del multilateralismo tiende a cierto equilibrio estratégico cimentado sobre el respeto a la soberanía de las naciones que acompaña al poder real. Quizá el problema del caos que hay con el fin del mundo basado en reglas y del neoliberalismo (Díaz, 2024) es que detrás del regreso al realismo anunciado por Washington en su Doctrina de Seguridad Nacional de 2025 sigue existiendo el mismo afán imperialista guiado por un impulso moralista —semejante al criticado por Morgenthau— que legitima el intervencionismo armado ilimitado, pero revestido ahora de una nostalgia por la Guerra Fría del siglo XX, conflicto en el que China no parece estar dispuesta a participar, sencillamente porque en el terreno donde ha plantado cara lleva una ventaja que tal vez todo el despliegue militar norteamericano no sea capaz de revertir.

Bibliografía

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[1] El caso más notable es el de los gastos en defensa de la OTAN cuyas responsabilidades comenzaron a ser gradualmente costeadas en mayor medida por los países europeos disponiendo un porcentaje mayor de sus presupuestos nacionales a defensa. La guerra de Rusia y Ucrania de 2022 aceleraría dicho proceso.

[2] Esfuerzo concentrado principalmente en torno al Department of Goverment Eficiency (DOGE) liderado en un principio por el magnate Elon Musk y que estuvo detrás de la disolución de facto de la USAID, la otrora agencia más grande para la cooperación y el desarrollo global.

[3] Malfred Gerig (2024) señala que fueron tres los problemas económicos los recurrentes durante el gobierno de Hugo Chávez que heredó a Nicolás Maduro. El primero, el mantener la dependencia del rentismo petrolero que, en términos generales, reprodujo el mismo problema vivido durante la administración de Carlos Andrés Pérez en la década del setenta; el segundo, el sistema cambiario fijo que ocultó los problemas de la inflación en el país; el tercero, la dependencia de la deuda externa a la que no se debía haber recurrido pues durante este periodo las rentas provenientes de la bonanza petrolera hacían innecesario recurrir a acreedores internacionales y favoreció el florecimiento de “empresas zombies” que no eran rentables sino que vivían de importaciones con tasa preferencial fija.

[4] Esta última a los ojos de todo el mundo donde los últimos reductos del ejército americano se veían perseguidos mientras huían de Kabul en 2021.

[5] Una vista rápida de los suministradores deja entrever una particularidad y es que el petróleo de Irán y de Venezuela no aparece dentro de los proveedores a China, y la explicación que este observatorio de la Universidad de Columbia es que los hidrocarburos de estos países al estar sancionados son reetiquetados y vendidos como petróleo malayo.

* Héctor Hernán Díaz Guevara: Es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo donde se tituló con un trabajo sobre el maoísmo y la influencia de China en la Guerra Fría latinoamericana que le hizo ganador de la medalla Dr. Ignacio Chávez en 2023. Tras su primera estancia postdoctoral en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM fue, durante 2025, investigador del Centro de Estudios China-México de la UNAM y miembro del Consejo de redacción de la Revista de Estudios Globales (REG) de la Universidad de Murcia, donde sigue vinculado hoy.

Actualmente es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y realiza su segunda estancia como investigador posdoctoral en el Posgrado de Economía de la UNAM donde, bajo la supervisión de Enrique Dussel Peters, investiga la historia de la diplomacia pública china en América Latina durante la posguerra. Obtuvo la beca “Giner de los Ríos” para ser profesor invitado en la Universidad de Alcalá de Henares durante la primavera de 2026.

Desde 2025 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México e Investigador Junior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia.

 Correo de contacto: hectorhdiazg@politicas.unam.mx

Resumen:El presente artículo tiene por objetivo ubicar dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense de 2025 la transición retórica del idealismo al realismo, como un recurso para encubrir que los intereses por el hegemonismo siguen intactos. Centrado en el caso del bombardeo de Caracas, dentro del texto se presenta una cronología que permite vincular las críticas al idealismo proferidas por la administración estadounidense como las responsables del ascenso chino y cómo los recursos militares aparecen como la respuesta preferida por Washington para el mantenimiento de la unipolaridad al tiempo que el recurso retórico de la Guerra Fría provee un marco de acción legitimador de la conducta norteamericana ya sea en sus conflicto con Venezuela en el Caribe o con Irán en Oriente Medio.

Palabras clave: Realismo; Idealismo; Imperialismo; Multipolaridad; Conflicto Sino-Estadounidense.

The Caracas-Beijing axis and the narrative of the new Cold War in Donald Trump’s National Security doctrine Abstract: This article aims to situate the rhetorical transition from idealism to realism within the US National Security Doctrine of 2025, as a means of concealing the fact that the interests in hegemony remain intact. Focusing on the case of the bombing of Caracas, the text presents a chronology that links the criticisms of idealism leveled by the US administration as responsible for China’s rise, and how military resources appear as Washington’s preferred response for maintaining unipolarity, while the rhetorical recourse to the Cold War provides a legitimizing framework for US conduct, whether in its conflicts with Venezuela in the Caribbean or with Iran in the Middle East.

Keywords: Realism; Idealism; Imperialism; Multipolarity; Sino-American Conflict.

Cómo citar este artículo: Díaz Guevara, Héctor Hernán. “El eje Caracas-Beijing y la narrativa de la segunda Guerra Fría en la doctrina de Seguridad Nacional de Donald Trump”, Criba. Historia y Cultura, no. 12, abril-junio, 2026, pp. 76 – 89.