13 de noviembre de 2025

“El pedido justiciero del minero se pierde con el viento y el polvo de la tierra seca”: la lucha del sindicalismo minerometalúrgico por el bienestar y la justicia social en el México alemanista (1946–1952).
Por Anagricel Camacho Bueno*

Introducción

El tránsito del cardenismo al alemanismo marcó una fractura profunda en las expectativas del movimiento obrero mexicano. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934–1940), los trabajadores —en especial los minero-metalúrgicos— habían depositado su confianza en un Estado que se presentaba como garante de justicia social y bienestar colectivo. La política laboral cardenista, con su impulso a la organización sindical y su discurso de defensa del proletariado, generó entre las clases trabajadoras la esperanza de un nuevo pacto social sustentado en la redistribución y la dignificación del trabajo.

Sin embargo, esa promesa comenzó a desvanecerse con la llegada de Miguel Alemán Valdés (1946–1952), cuyo gobierno encarnó la transición hacia un modelo de modernización económica basado en la alianza entre el Estado, la empresa privada y una dirigencia sindical subordinada. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó un reacomodo político y económico que también alcanzó a México: mientras las potencias vencedoras impulsaban el bienestar social como respuesta al sacrificio bélico, en el país se impuso una política de control y disciplinamiento laboral. Los mineros, herederos de las expectativas cardenistas, sintieron con mayor fuerza la contradicción entre el ideal de justicia social y la realidad de un Estado que privilegiaba la estabilidad sobre la equidad.

En este contexto de desencanto, los trabajadores mineros se convirtieron en símbolo de resistencia ante el desmantelamiento de las conquistas obreras logradas en la década anterior. Sus demandas de salud, seguridad y bienestar social, expresadas en los años posteriores a la guerra, no solo reflejaban condiciones materiales de explotación y riesgo, sino también una profunda crítica al abandono estatal. Mientras el cardenismo había alentado la participación obrera como motor del proyecto revolucionario, el alemanismo redujo esa participación a un instrumento de control político. La esperanza cardenista de un sindicalismo autónomo y combativo se transformó, bajo el nuevo régimen, en un aparato corporativo disciplinado al servicio de la industrialización.

Así, el movimiento minero de mediados del siglo XX —particularmente las huelgas y protestas surgidas entre 1945 y 1951— puede interpretarse como una respuesta al fracaso del Estado para cumplir con la justicia social prometida. En el contraste entre la solidaridad cardenista y la represión alemanista se revela el tránsito de un sindicalismo emancipador a uno domesticado, donde la búsqueda obrera de bienestar y dignidad chocó con la maquinaria burocrática del poder.

1.De la mina al Estado: un llamado por el bienestar social

Para los trabajadores minero-metalúrgicos, la temporada electoral representó una oportunidad para revalorar las necesidades y demandas del sindicato, especialmente al concluir la Segunda Guerra Mundial. El 20 de octubre de 1945, la Sección 65 publicó un texto de carácter crítico en torno a los problemas médico-sociales que afectaban al gremio minero. En dicho documento se señalaba que la cuestión no se limitaba únicamente a la temida silicosis —considerada la enfermedad más común y letal entre los trabajadores del subsuelo—, sino que abarcaba una serie de dificultades cotidianas que hasta entonces habían sido ignoradas por la sociedad y, sobre todo, por el Estado.[1]

Los mineros sostenían que era indispensable una nueva organización estatal capaz de atender sus demandas, pues reconocían que sus problemas merecían una atención prioritaria por parte del gobierno federal. Afirmaban, además, que sus exigencias eran legítimas y profundamente justas, dado que, en sus propias palabras, “nada piden que no sea mejor compensación a su trabajo; piden comodidad, salud, bienestar y alegría para su existencia sacrificada”[2]. A modo de protesta, subrayaban también que sus peticiones no implicaban perjuicio económico  alguno para las compañías mineras, a las que consideraban las principales beneficiarias de su esfuerzo laboral, especialmente por el incremento en la producción que había exigido el contexto bélico reciente.

Es decir, los trabajadores mineros estaban demandando la ampliación de su bienestar social. Este hecho resulta especialmente relevante, pues en el mismo periodo comenzó a formularse, en diversas partes del mundo, la necesidad de establecer Estados de Bienestar. El caso británico fue paradigmático: Gran Bretaña se erigió como principal impulsor de este modelo, que posteriormente se expandió por toda Europa como respuesta a los profundos estragos sociales y económicos provocados por la guerra, particularmente entre la clase trabajadora.En este contexto, amplios sectores sociales comenzaron a reclamar la “abolición de la pobreza y la prevención del desempleo”, aspiraciones que trascendían los límites de la simple asistencia social. A ello se sumó la influencia del socialismo, cuyas propuestas integrales de bienestar generaron una poderosa atracción ideológica, obligando a las naciones no comunistas a responder a las crecientes demandas populares mediante políticas sociales más amplias e inclusivas.[3]

Por consiguiente, no resulta sorprendente que, al otro lado del globo, en México —país que había contribuido significativamente al esfuerzo bélico mediante el suministro de minerales estratégicos y mano de obra—, el sector minero se convirtiera en uno de los primeros en recordarle al Estado la urgencia de instaurar políticas de bienestar. En este sentido, la exigencia minera no solo expresaba una reivindicación laboral, sino que se insertaba en una tendencia global hacia la institucionalización del bienestar social como respuesta a las desigualdades estructurales del capitalismo industrial.

Además, la Sección 65 señaló que los profesionales de la medicina conocían con precisión las condiciones de vida y de trabajo de los mineros y, en consecuencia, eran conscientes de que poco o nada podían hacer en favor de ellos. Ello se debía, principalmente, a que sus acciones se veían limitadas por las disposiciones de las empresas para las que trabajaban. Los directores de las compañías, además, se encontraban generalmente lejos de los centros mineros, pues dirigían las operaciones desde sus oficinas centrales en Estados Unidos.[4]

La situación resultante del esfuerzo bélico había alcanzado niveles alarmantes. Los mineros argumentaban que sus peticiones llegaban debilitadas a los oídos de los gerentes debido a la distancia geográfica y burocrática que mediaba entre ambos. Denunciaban también que los directivos se preocupaban más por las cifras, los valores bursátiles y los proyectos de adquisición que por las condiciones humanas de quienes sostenían la producción. Lo expresaron con una potencia poética y simbólica: “el pedido sereno y justiciero del médico o del minero se pierde […] con el viento y el polvo de la tierra seca”[5]. A través de estas palabras, los trabajadores apelaban directamente al Estado en busca de auxilio.

La Sección 65 también subrayó que la labor minera no se realizaba por “actitud o inclinación especial”, pues, como afirmaban, “maldita la gracia que le hará a nadie llevar vida tan arriesgada”. Denunciaban así que su trabajo era producto de la resignación y la falta de alternativas, ya fuera por la escasez de fuentes de empleo o por la carencia de preparación técnica para desempeñar oficios mejor remunerados. Reconocían que los obreros especializados —los llamados “técnicos mineros”, entre los que incluían ingenieros, geólogos e incluso médicos— eran minoría dentro del gremio.[6]

La gran mayoría de la fuerza laboral estaba compuesta por mineros jornaleros, considerados “hombres destinados a confinarse voluntariamente en los lugares insalubres e inhóspitos en las entrañas de las minas”. Por ello, insistían en que la preocupación fundamental del Estado debía ser “velar porque la vida del minero actual deje de ser siempre la de exponerse”.[7] El riesgo inherente al trabajo minero no se había reducido con los avances tecnológicos en la extracción; por el contrario, la producción intensiva entre 1939 y 1945 había incrementado tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales.

El 17 de noviembre de 1945, durante la visita de Miguel Alemán Valdés a Cananea, los trabajadores mineros expresaron entusiasmo y esperanza ante la posibilidad de que el candidato encarnara los ideales de la Revolución mexicana. En esa ocasión, los miembros del Comité Ejecutivo Local (CEL) de la Sección 65 entregaron un documento con propuestas para su programa de gobierno, en el que detallaban los principales problemas que aquejaban al sector minero.[8]

Entre sus denuncias, destacaban la alta incidencia de silicosis, enfermedad profesional que año tras año cobraba numerosas víctimas debido a la insuficiencia de las medidas preventivas implementadas por las compañías. Los mineros acusaban a los empleadores de incumplir la fracción IV del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, y demandaban al futuro gobierno que exigiera su cumplimiento, así como la adopción de métodos más eficaces para prevenir el deterioro físico de los trabajadores, muchos de los cuales —decían— quedaban convertidos en “guiñapos humanos” tras haber sido “exprimidos” por las empresas.[9]

Asimismo, el CEL denunció la falta de políticas estatales que protegieran a las cooperativas de consumo, las cuales desempeñaban un papel crucial ante el encarecimiento de los productos básicos, pero se veían afectadas por una carga fiscal desproporcionada. También consideraban injustos los descuentos aplicados a los jornales por concepto de jubilación, pues representaban —en sus palabras— “el último patrimonio de una etapa de trabajo que ya no podrá repetirse”.[10]A pesar de la esperanza depositada en la candidatura de Alemán Valdés y en sus posibles reformas, el optimismo inicial de los mineros se desvaneció poco después, al constatar que las promesas de atención y bienestar no se tradujeron en acciones concretas.

2. De la “Convención de las bayonetas” a la “purificadora” contra los mineros

Con la llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia, los estímulos económicos generados por la Segunda Guerra Mundial comenzaron a diluirse. El retorno de Estados Unidos a la producción civil, tras la reconversión de su industria bélica, provocó una drástica reducción en la demanda de materias primas, particularmente minerales, que hacia 1946 prácticamente había desaparecido. Ante este panorama, el gobierno alemanista adoptó una política económica moderada, orientada a evitar tanto la inflación como la deflación, y centrada en el control de precios. Inicialmente, este proyecto contó con el respaldo de los sectores obrero e industrial. Nacional Financiera (Nafinsa) concentró sus esfuerzos en impulsar obras de infraestructura y en promover la política de sustitución de importaciones.[11] Para 1948, los factores económicos que habían favorecido al país durante el conflicto mundial se habían extinguido. El incremento de las importaciones de bienes de capital y de producción generó un desequilibrio en la balanza de pagos, al tiempo que la primera recesión estadounidense de la posguerra redujo significativamente las exportaciones mexicanas hacia ese país.

El estallido de la Guerra de Corea (1950–1953) llevó al Estado mexicano a reformar, en 1951, el artículo 131 constitucional, con el fin de otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para intervenir en la economía. Esta modificación buscaba dotar de “forma, sentido y base legal” a la acción estatal, permitiendo regular precios, intervenir en la distribución de bienes y contener las presiones inflacionarias derivadas del conflicto internacional.[12] En el ámbito laboral, los trabajadores se organizaron en 1948 para firmar el Pacto de Solidaridad, Amistad y Ayuda Mutua, integrado por los tres sindicatos industriales más importantes del país: el de minero-metalúrgicos (SITMMSRM), el de petroleros y el de ferrocarrileros. Su objetivo era defender la integridad de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y oponerse a la llamada “tesis Corona”, que proponía restringir el derecho de huelga a los sesenta días previos al vencimiento de los contratos colectivos y obligar a los sindicatos a indemnizar a los patrones cuando una huelga fuera declarada ilegal o inexistente.[13]

La alianza sindical organizó una marcha hacia el Zócalo capitalino y obtuvo una audiencia con el presidente Alemán Valdés; cinco días después, la iniciativa de reforma fue retirada. Ese mismo año, el 25 de junio de 1948, se fundó el Partido Popular (PP), integrado por sindicatos disidentes de la CTM. Esta organización, en la que se evidenció la influencia política persistente de Vicente Lombardo Toledano, tuvo como principal base social a la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), la cual ratificó su adhesión a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y a la Federación Sindical Mundial.[14]

Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, el Estado identificó a los sindicatos disidentes como una amenaza a su proyecto de industrialización. En respuesta, los principales grupos obreros impulsaron la creación de una central independiente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM): la Confederación Única de Trabajadores (CUT). No obstante, la militancia de los sindicatos industriales —particularmente SITMMSRM— en la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), dirigida por Vicente Lombardo Toledano, llevó al Estado a calificarlos de “comunistas”.[15] Ello justificó la puesta en marcha de un plan sistemático de recuperación del control sindical, con el propósito de neutralizar aquellas organizaciones consideradas estratégicas para el desarrollo industrial y susceptibles de alinearse con posiciones de izquierda.[16]

El gobierno inició su ofensiva en 1948 con la intervención en el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros (SNTF), seguida por el control del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 1949. Tras debilitar a estas dos poderosas organizaciones, el Estado procedió a depurar sus estructuras mediante despidos masivos y reducciones salariales, dejando pendiente la alineación del SITMMSRM.[17] Este proceso de intervención comenzó en 1949 y se consolidó hacia 1951, cuando se completó la subordinación del sindicalismo minero-metalúrgico.

La estructura organizativa del SITMMSRM difería notablemente de la de los ferrocarrileros y petroleros. Mientras que el SNTF se regía por cinco Contratos Coletivos de Trabajo (CCT) —correspondientes a igual número de empresas— y el STPRM centralizaba su poder en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el SITMMSRM mantenía una configuración descentralizada. Cada sección tenía autonomía para negociar y administrar su propio CCT con la empresa correspondiente, sin que el CEG poseyera autoridad sancionadora sobre ellas. Esta particularidad organizativa dificultaba el control estatal y corporativo.[18]

El primer intento del gobierno alemanista por intervenir en la vida sindical minera ocurrió a finales de 1949 en la Sección 97 —que representaba a los trabajadores de La Consolidada, S.A., en la Ciudad de México—, la cual convocó a una Convención Extraordinaria para los Comités Ejecutivos Locales (CEL) del SITMMSRM. Diversos gobernadores ofrecieron incluso cubrir los gastos de traslado de los delegados, lo que revelaba el interés gubernamental en manipular la reunión. Sin embargo, el intento fracasó al advertir los delegados la intención de infiltración estatal para controlar los CEL, órganos fundamentales de representación sindical.[19]

Cabe recordar que la gerencia de la Consolidada ya había intentado, en 1945, debilitar a la Sección 97 condicionando la revisión contractual a la designación por parte de la empresa de los miembros del CEL. La negativa obrera provocó el despido de Camilo Chávez (secretario general local) y Alfonso Vera (presidente del Consejo Local de Vigilancia), lo que derivó en una huelga respaldada por todas las secciones del SITMMSRM. La solidaridad interseccional, especialmente de la Sección 65, resultó decisiva: el 11 de diciembre de 1945 la compañía accedió a las demandas obreras y reinstaló a los despedidos, en lo que fue considerado un triunfo histórico del sindicalismo minero.[20]

Tras este precedente, las compañías norteamericanas esperaron el nuevo contexto político del alemanismo para reanudar su ofensiva contra los CEL, considerados los núcleos más radicales del sindicalismo minero. Aprovechando la coyuntura de la revisión de los CCT, el CEG del SITMMSRM advirtió al gobierno de la posibilidad de una huelga general si no se cumplían las demandas laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Manuel Ramírez Vázquez[21], respondió que cualquier paro carecería de respaldo oficial y que las demandas debían ajustarse a los límites fijados por las compañías, lo que constituyó —como ha señalado Gaitán— una de las primeras acciones represivas contra el sindicalismo minero-metalúrgico. La práctica de declarar inexistentes las huelgas antes de su estallido vulneraba de forma abierta los derechos constitucionales de los trabajadores.[22]

Paralelamente, la Cámara Minera alegó una supuesta caída en los precios internacionales de los metales para eludir aumentos salariales, mientras su representante, Gustavo S. Serrano, culpaba a la Secretaría de Hacienda de los elevados impuestos al sector. El dirigente Agustín Guzmán, presionado por el gobierno, aceptó esa postura, lo que provocó un profundo descontento entre las bases, quienes lo acusaron de sumisión ante el alemanismo. Poco después, Guzmán abandonó el SITMMSRM para ocupar la secretaría general de la UGOCM, siendo reemplazado por Félix Ramírez, figura que marcó el inicio de la subordinación del sindicato al control estatal.

En febrero de 1950, Ramírez convocó a la VI Convención Nacional Ordinaria del SITMMSRM, con el propósito de renovar parcialmente el CEG y abordar los problemas de la producción minero-metalúrgica. El anuncio de la asistencia presidencial revelaba el grado de injerencia del Estado en la vida interna sindical. En este contexto, Ramos Millán, asesor jurídico del sindicato y figura de confianza para los mineros, recorrió diversas secciones del país —Monterrey, San Luis Potosí, Cananea, Parral, Zacatecas, Coahuila y Sonora— con apoyo de gobernadores y autoridades municipales, designando delegados afines al gobierno. Las secciones legítimas desconocieron a esos delegados “espurios” y nombraron sus propios representantes, lo que agudizó el conflicto interno.

Poco antes de la convención, Camilo Chávez relató que el ministro del Trabajo citó individualmente a los miembros del CEG con el propósito de comprarlos o chantajearlos, aprovechando las deudas que muchos mantenían con la Tesorería General del Sindicato. Aquello simbolizó la culminación del proceso de cooptación estatal, que terminó por fracturar la autonomía sindical minera y sentar las bases del nuevo corporativismo poscardenista.Como lo describió Camilo Chavez:

Fui de los últimos en ser llamado, me dijo que lo hacía por órdenes del presidente Alemán que el sindicato sería cambiado de raíz porque había mucha anarquía, que ya estaban listas todas las delegaciones que asistirían a la convención nacional a los que solo se agregarían los que dijera Filiberto Ruvalcaba, que estaba enterado del papel que jugaba en el Comité y que podría llegar muy lejos si esta vez, no me equivocaba, que yo podía ayudar mucho como colaborador del presidente […] sí aceptaba recibiría dinero para mis gastos, además cuando saliera del Comité podría ocupar otro puesto, ya que desaparecería aquello de la no reelección, además podría ser diputado por el distrito de mi estado que escogiera y de antemano se me consideraba electo, así no tendría necesidad de trabajar, contaría con un buen carro y una vida placentera.[23]

La cita anterior revela cómo el gobierno de Miguel Alemán Valdés utilizó la corrupción, el soborno y la cooptación política como mecanismos para controlar al movimiento sindical, en este caso al minero-metalúrgico. A través de promesas de dinero, cargos públicos y beneficios personales, se buscaba desarticular la autonomía sindical y asegurar la subordinación de los líderes obreros al poder presidencial. Asimismo, el testimonio refleja la forma en que el discurso oficial justificaba la intervención estatal en los sindicatos con el argumento de combatir la “anarquía”, cuando en realidad se trataba de imponer un control político vertical. En suma, la cita ilustra el tránsito de un sindicalismo combativo a uno alineado con el régimen, donde la lealtad al presidente se premiaba con privilegios, consolidando así un sistema corporativo y clientelar.

El 15 de mayo de 1950 se celebró la VI Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM), un evento que marcó un punto de inflexión en la historia del sindicalismo minero. Aunque asistieron algunas autoridades estatales y representantes internacionales de sindicatos mineros de Estados Unidos y Canadá, la reunión estuvo dominada por delegaciones impuestas por el Estado. La mayoría de las representaciones legítimas fueron excluidas mediante el uso de la fuerza policiaca, lo que evidenció la intervención gubernamental directa en la vida interna del sindicato.

Durante la convención, las secciones “auténticas” que lograron ingresar denunciaron la incongruencia de la dirigencia oficial con las condiciones reales de los trabajadores. Mientras tres mil mineros de Zacatecas sostenían una huelga de más de setenta días sin respaldo sindical, la dirección del SITMMSRM se mantenía en silencio ante una alianza tripartita entre la Secretaría del Trabajo, la Cámara Minera y la empresa The Fresnillo Mining Company. Un delegado de Monterrey presentó un documento firmado por veinticinco mil trabajadores que condenaban la manipulación de la dirigencia, la acreditación de delegaciones “espurias” y la concesión de credenciales a personas ajenas al gremio.[24]

El testimonio de Camilo Chávez sintetizó la violencia del proceso: “la VI Convención se instauró en el domicilio social del sindicato, los granaderos en la puerta no dejaron entrar a ningún delegado que no fuera reconocido por Filiberto Ruvalcaba, los delegados auténticos fueron rechazados a bayonetazos.”[25]Esta cita revela el grado de represión y coerción institucional mediante el cual el Estado buscó neutralizar la disidencia obrera, transformando un proceso democrático en una imposición autoritaria revestida de legalidad sindical.

Ante la usurpación, diversas organizaciones obreras —entre ellas la UGOCM— manifestaron su rechazo y defendieron la democracia sindical. Las secciones legítimas desconocieron a los dirigentes impuestos, entre ellos Luis Quiroz, Enrique Rangel y Filiberto Ruvalcaba, y convocaron una convención paralela que eligió como secretario general “auténtico” a Antonio García Moreno. Paralelamente, la convención oficialista, respaldada por el gobierno y la Secretaría del Trabajo, designó como secretario general “espurio” a Jesús Carrasco, estrechamente vinculado con el ministro Manuel Ramírez Vázquez.[26]

De acuerdo con el testimonio de Chávez, las delegaciones legítimas se reunieron en la calle Palma 101 de la Ciudad de México y recibieron el apoyo de las bases:“Se hizo el recuento en las secciones para comprobar a qué Comité se apoyaba más […] los 4,000 miembros de la Sección 65 apoyaron a García Moreno y sólo 68 votos fueron para Carrasco.”[27]Este episodio expone la fractura definitiva del sindicalismo minero y la instauración de un nuevo modelo de control corporativo. La intervención estatal en la VI Convención representó el fin de la autonomía obrera, consolidando la subordinación de los sindicatos al aparato político del alemanismo y marcando el tránsito del sindicalismo combativo al sindicalismo de Estado, funcional al proyecto de industrialización posrevolucionario.

El SITMMSRM experimentó una profunda fractura interna al dividirse en dos fracciones. Por un lado, la denominada por las bases como la “auténtica”, encabezada por García Moreno y respaldada por las secciones más numerosas y combativas del sindicato; por otro, el Comité Ejecutivo General (CEG) considerado “espurio”, dirigido por Carrasco y Félix Ramírez.

Las secciones inconformes iniciaron una serie de protestas en defensa de su legitimidad sindical. Sin embargo, la fracción “oficialista”, encabezada por Carrasco y respaldada por sectores gubernamentales, recurrió a la aplicación de la cláusula de exclusión contra García Moreno, Agustín Guzmán y Adán Nieto. Estos dirigentes eran identificados como cercanos a Vicente Lombardo Toledano y simpatizantes de las ideas comunistas, las cuales eran percibidas por las compañías norteamericanas como una amenaza directa a sus intereses económicos.

La persecución política no tardó en intensificarse. Ramírez Vázquez giró instrucciones a las autoridades locales de los estados donde se concentraban los CEL más fuertes, para que reconocieran al CEG “oficialista”. Aquellos que se negaran serían catalogados como disidentes y despedidos de sus centros de trabajo. En este contexto de represión y fragmentación sindical, Mercedes Gaitán identifica cuatro tendencias principales entre las secciones consideradas auténticas: Los trabajadores acordaron preservar la unidad sindical, desconocer la convención espuria, apoyar a los líderes que resistían al comité oficialista —como Camilo Chávez, Aristeo Rojas y Gonzalo Hernández— y protestar ante la Presidencia por la intervención externa en su organización.[28]

La actitud de resistencia de los minero-metalúrgicos respondía al rechazo a reproducir las condiciones de sometimiento que ya habían afectado a otros gremios estratégicos, como los ferrocarrileros y los petroleros. Un elemento clave en este proceso fue el uso político de la cláusula de exclusión, concebida originalmente como un mecanismo de defensa sindical. El sindicato interpretaba que la LFT 1931 reconocía las amenazas que enfrentaban las organizaciones obreras y, por ello, había incorporado esta cláusula como salvaguarda. Según su interpretación, la cláusula podía aplicarse al cumplirse dos requisitos: de “forma” y de “fondo”. El criterio de fondo se explicaba de la siguiente manera: “la frecuencia con la que dentro de las organizaciones obreras se cuelan traidores; la traición consiste en que estos sistemáticamente desarrollan una labor de mala fe, calumnias, insultos, incumplimiento en sus obligaciones para con el sindicato”.[29]

En consecuencia, cuando la actividad de estos elementos resultaba perjudicial para la organización, se aplicaba lo que los sindicalistas denominaban “la purificadora cláusula de exclusión”. Este mecanismo permitía expulsar del sindicato a quienes eran considerados afines a los intereses empresariales.

La Sección 65 señaló que, cada vez que se aplicaba “la purificadora”[30], los expulsados solían acudir a la prensa para presentarse como víctimas. Algunos periódicos —“que los mineros tildaban de ingenuos”— difundían su versión, describiéndolos como afectados por las “dictaduras en los sindicatos”. No obstante, los trabajadores minero-metalúrgicos sostenían que, sin dicha herramienta, las organizaciones obreras carecerían de un medio eficaz de “purificación y seguridad”. En sus propias palabras, afirmaban que: “la cláusula de exclusión es indispensable para la permanencia de los sindicatos y es una garantía para los trabajadores honrados y una medida eficaz para los traidores”.[31] Paradójicamente, el mecanismo que había sido concebido como garantía de autonomía sindical se transformó en un instrumento de control político. Durante el gobierno de Miguel Alemán, la cláusula fue empleada contra los CEG y los CEL legítimos, sirviendo como herramienta legal para depurar al SITMMSRM de los llamados “elementos rojos” o disidentes, estigmatizados por su orientación ideológica.

La división del SITMMSRM entre fracciones “oficialistas” y “auténticas” fue catalogada por la STPS como un problema intergremial. Esta clasificación permitió al Estado deslindarse de una solución directa, facilitando que las compañías minero-metalúrgicas recuperaran terreno y contuvieran las demandas obreras. A partir de entonces, las empresas lograron incluso reducir prestaciones previamente reconocidas en los CCT de algunas secciones. El reconocimiento oficial se otorgó únicamente a las secciones alineadas con la fracción “oficialista”, configurándose así una alianza tripartita entre empresa, gobierno y líderes sindicales afines al régimen. El CEG “auténtico”, encabezado por Agustín Guzmán y García Moreno, no consiguió revertir este embate, pese al respaldo del Partido Comunista (PC), UGOCM y la CUT. De manera paulatina, el gobierno logró subordinar a las secciones opositoras. En algunos casos, impuso dirigentes espurios en los Comités Ejecutivos Locales (CEL); en otros, permitió la permanencia de líderes electos democráticamente, aunque bajo la vigilancia y control de la política laboral de la STPS. Aquellos CEL que se negaban a acatar las disposiciones oficiales eran destituidos y reemplazados por dirigentes “oficialistas”; quienes, además, resistían activamente, fueron objeto de represión violenta.[32]

A pesar de las condiciones de evidente desventaja, varias secciones mantuvieron una resistencia sostenida y organizada. Tal fue el caso de las secciones 97 y 123 de La Consolidada, así como de las secciones 14 de Nueva Rosita y 28 de Palau. En particular, las secciones de La Consolidada protagonizaron una de las luchas más prolongadas emprendidas por un CEL, desde 1949 hasta el 12 de septiembre de 1950. Durante este periodo, los enfrentamientos entre los CEL auténticos y los espurios se intensificaron, generando un ambiente de violencia interna. En medio de esta conflictividad, las compañías aprovecharon para violar los acuerdos establecidos en los CCT, contando con la complicidad de la STPS y del CEG “oficialista”. En el caso específico de los metalúrgicos de La Consolidada, S.A., aproximadamente 2,500 trabajadores fueron privados de nuevos contratos y de mejoras salariales. Finalmente, con la tolerancia del Estado, la empresa suspendió a 45 trabajadores por un periodo de seis meses, atendiendo la solicitud del CEL “oficialista” encabezado por Antonio Aguilar. A los trabajadores auténticos se les imputó el cargo de “indisciplina” y fueron además acusados de “comunistas”, lo que legitimó su exclusión laboral y política.[33]

3.Del conflicto a la cooptación: el fin de la autonomía obrera

En octubre de 1950, el CEG encabezado por Jesús Carrasco, con el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), notificó a las compañías carboníferas de Nueva Rosita y Cloete (Coahuila) el desconocimiento de las secciones 14 y su fracción I, calificadas como “rebeldes”. La STPS prohibió cualquier diálogo con los CEL “auténticos”, lo que llevó a las empresas a romper relaciones laborales y desconocer el CCT vigente. La primera medida fue la suspensión de subsidios médicos, la congelación de cuotas sindicales y el despido de trabajadores con más de 15 años de servicio, privándolos de su derecho a la jubilación.[34]

El 16 de octubre de 1950 estalló la huelga de Nueva Rosita y Cloete, motivada por la defensa de su CCT, la autonomía sindical, el derecho a huelga y la seguridad laboral. Esta última dimensión fue fundamental: entre 1945 y 1950 la introducción de maquinaria moderna —máquinas corteras eléctricas y pistolas neumáticas— transformó radicalmente la organización del trabajo, sustituyendo las cuadrillas expertas por un sistema mecanizado que redujo personal calificado y aumentó los riesgos. Las nuevas tecnologías incrementaron la producción, pero provocaron enfermedades pulmonares, sordera, lesiones internas y una creciente exposición a explosiones por gas grisú y polvo de carbón, intensificando las condiciones insalubres del trabajo minero.[35]

El proyecto de revisión del CCT presentado el 10 de febrero de 1950 incluyó demandas de salud y seguridad: mejor atención médica, médicos experimentados, indemnización a enfermos de tuberculosis, equipo de protección, control del gas grisú, ampliación de ventilación, y trabajo para obreros mutilados. La negativa de las compañías a negociar llevó a 6,000 mineros a abandonar sus labores, enfrentando la represión policial ordenada por el general Garduño, quien clausuró el recinto sindical e impidió reuniones públicas.[36]

La STPS declaró la huelga “inexistente”, calificándola de “paro loco” y facultando a las empresas a contratar nuevo personal. A finales de octubre, 400 trabajadores habían sido sustituidos. Los huelguistas sufrieron represión económica y social: se les negó el acceso a comercios, escuelas, servicios médicos, agua y electricidad. La clausura de la cooperativa minera, valuada en cinco millones de pesos, agravó el hambre y la enfermedad entre las familias obreras. Las mujeres mineras desempeñaron un papel crucial al organizar la Alianza Femenil Socialista Coahuilense (AFSC), encargada de distribuir alimentos, medicinas y sostener moralmente a los huelguistas. Su participación, como ilustra el testimonio de Doña Adela Ochoa, muestra la dimensión comunitaria y de género en la resistencia minera.[37]

Ante la miseria, cerca de 900 obreros regresaron a las minas; los huelguistas los llamaron “panzas blancas”. Sin embargo, la producción siguió siendo baja por la inexperiencia del nuevo personal y los continuos accidentes. Tras tres meses sin resultados, los recursos de la huelga se agotaron. En enero de 1951, alrededor de 5,000 mineros y sus familias emprendieron la Caravana del Hambre, una marcha de más de 1,400 km hacia la Ciudad de México para exigir la intervención del presidente Miguel Alemán Valdés. Aunque recibieron apoyo popular en su trayecto, jamás fueron atendidos. La STPS dio por “resuelto” el conflicto; los trabajadores regresaron enfermos, desempleados o emigraron a Estados Unidos, muchos estigmatizados como “huelguistas”.[38]

La derrota de Nueva Rosita y Cloete representó el colapso definitivo del CEG “auténtico” del SITMMSRM. Como señala Victoria Novelo, el episodio fue “borrado de la historia del sindicalismo minero de un plumazo”.[39] A partir de 1952, la organización se burocratizó: los nuevos dirigentes respondían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), administrando el descontento obrero mediante concesiones mínimas. Filiberto Ruvalcaba, quien asumió la secretaría general en 1954, consolidó un modelo corporativo basado en la cooptación y la subordinación política, no en la defensa de la autonomía sindical.[40]

Este proceso coincidió con un contexto internacional significativo: en 1950, los mineros de la United Mine Workers of America (UMWA) obtuvieron en Estados Unidos mejoras salariales y de seguridad bajo el liderazgo de John L. Lewis, tras una huelga de 52 días. Las empresas estadounidenses con filiales en México observaron ese precedente con preocupación, lo que influyó en la política represiva del Estado mexicano hacia el sindicalismo minero durante la Guerra de Corea (1950-1953).[41]

En síntesis, la huelga de Nueva Rosita evidenció la alianza entre Estado, empresas y burocracia sindical para disciplinar al movimiento obrero y consolidar el modelo desarrollista del alemanismo. La eliminación de la autonomía sindical marcó el inicio de una etapa de centralización política, represión laboral y subordinación corporativa, cuyas consecuencias se prolongaron en el sindicalismo minero durante las décadas siguientes.

Conclusiones

El periodo comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la huelga de Nueva Rosita y Cloete (1950–1951) constituye un punto nodal para comprender la transformación del sindicalismo minero-metalúrgico y, más ampliamente, la configuración del Estado posrevolucionario mexicano. La documentación presentada permite advertir cómo el proceso de reconstrucción económica y política derivado de la posguerra fue acompañado por un esfuerzo sistemático del Estado para subordinar las organizaciones obreras a los lineamientos del proyecto de industrialización nacional. En este sentido, la cooptación del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control social y político que buscó neutralizar toda forma de autonomía obrera.

La evidencia analizada muestra que la experiencia minera de mediados del siglo XX articuló, de manera singular, las tensiones entre bienestar social, soberanía económica y disciplina laboral. Las demandas de los trabajadores, centradas en la salud, la seguridad industrial y la justicia social, coincidían con el surgimiento internacional del Estado de Bienestar. Sin embargo, mientras en otras latitudes estos reclamos derivaron en la institucionalización de derechos sociales, en México fueron absorbidos por un modelo corporativo que transformó las conquistas laborales en mecanismos de control político. La “purificadora cláusula de exclusión”, concebida como defensa frente a los intereses empresariales, terminó por invertirse en instrumento represivo, legitimando la depuración de los comités auténticos bajo el discurso de combatir la “anarquía sindical”.

La cooptación del sindicalismo minero durante el alemanismo —con su cúspide en la VI Convención Nacional de 1950 y la posterior derrota de la huelga de Nueva Rosita— representa, por tanto, el tránsito de un sindicalismo combativo a un sindicalismo de Estado. El uso del soborno, la intimidación y la violencia institucional se convirtió en la herramienta principal para imponer una dirigencia dócil, mientras la disidencia era marginada o criminalizada como “comunista”. Este proceso no solo selló la subordinación del SITMMSRM al aparato político del régimen, sino que redefinió las relaciones entre el Estado y el trabajo, desplazando el principio de representación obrera por el de lealtad política.

El artículo aporta una lectura renovada de este periodo al situar la lucha minera en un marco transnacional y de larga duración. Al vincular las reivindicaciones laborales mexicanas con los debates contemporáneos sobre el bienestar y la justicia social, el análisis permite comprender cómo el sindicalismo minero fue simultáneamente protagonista y víctima de la modernización posrevolucionaria. La represión de 1950-1951, lejos de constituir un episodio marginal, marcó el inicio de un ciclo de burocratización y despolitización sindical que perduró durante las décadas siguientes. En suma, la historia de la Sección 65 y de la huelga de Nueva Rosita no solo revela el costo humano de la industrialización mexicana, sino también los límites estructurales de un Estado que, en nombre del progreso, sacrificó la autonomía obrera en aras de la estabilidad política y del desarrollo económico nacional.

Fuentes

Semanario 1906 (1943) (1945)

Excelsior (1950)

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En línea
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[1] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[2] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[3] Asa Briggs, “The Welfare State in Historical Perspective,” European Journal of Sociology, vol. 2, 1961, pp. 221–224

[4] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[5] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[6] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[7] “Problemas medico-sociales”, Semanario 1906, 20 octubre de 1945, pp. 2 y 4.

[8] “Bienvenido el Lic. Miguel Alemán Valdés”, 1906 Semanario, 17 de noviembre de 1945, p. 1.

[9]  Editorial, “Aportación al programa”, 1906 Semanario, 17 de noviembre de 1945, p.3.

[10] Editorial, “Aportación al programa”, 1906 Semanario, 17 de noviembre de 1945, p.3.

[11] Luis Medina Peña, Hacia un nuevo Estado: México 1920-2000, 3.ª reimpresión (México: Fondo de Cultura Económica, 2017), 139-140.

[12] Luis Medina Peña, Hacia un nuevo Estado: México 1920-2000, 138 y 141

[13] Daniel Librado, Sindicato minero 1948-1978: Filiberto Ruvalcaba y Napoleón Gómez Sada, dos líderes con políticas diferentes (Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2004), 27; véase también Juan Luis Sariego, Enclaves y minerales en el norte de México: historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita (1900-1970) (México: CIESAS, 1988), 273.

[15]Al concluir la gestión de Fidel Velázquez como secretario general de la CTM, se desató una disputa por la sucesión entre dos facciones: una, de orientación reformista y encabezada por el ferrocarrilero Luis Gómez Z., identificado con el comunismo; y otra, dirigida por Fernando Amilpa, del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Limpia y Transportes de la Ciudad de México. Ante las escasas posibilidades de triunfo de Gómez Z., el Sindicato de Ferrocarrileros se separó de la CTM y fundó la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT). Vicente Lombardo Toledano, teoría y práctica del movimiento sindical (México: UOM, 1981), 81.

[16] Al finalizar la SGM la campaña contra el fascismo en Estados Unidos se tranformó ahora en una feroz cruzada de repudio contra el comunismo una de las primeras acciones por parte de EUA, para acabar con los comunistas, fue destruir sus organizaciones internacionales de trabajadores: la CTAL. Luis Fernando Álvarez, Vicente Lombardo Toledano y los sindicatos de méxico y estados unidos (México: UNAM, 1995), 141; véase también, Jorge Turner, Sindicatos, nuevos movimientos sociales y democracia (México: UOM, 1994), 147.

[17] Entre 1948 y 1949, el gobierno de Miguel Alemán controló a los sindicatos ferrocarrilero y petrolero mediante represión militar. Las disidencias fueron sofocadas con el uso del ejército y la imposición de líderes afines al régimen. La represión a los ferrocarrileros fue conocida como charrismo, mientras que la de los petroleros comenzó en 1946, tras un paro laboral reprimido con despidos y arrestos de dirigentes, dejando al movimiento aislado. Saúl Escobar Toledo, El camino obrero: historia del sindicalismo mexicano 1907-2017 (México: Fondo de Cultura Económica, 2021)79-80.

[18] Mercedes Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo (México: UNAM-IIS, 1987), 96

[19] “Notas editoriales: La Huelga de la Sección 97”, Semanario 1906, 20 de octubre de 1945, p. 3.

[20] “Positivo triunfo del sindicato minero”, Semanario 1906, 15 de diciembre de 1945, p. 1.

[21]Ramírez Vázquez había sido compañero en la Universidad de Miguel Alemán Valdés y que se consideró como hombre de confianza del señor presidente. Con ayuda de Ramírez, Alemán, pudo dar el giro necesario a las políticas laborales (acciones legales o no legales) para tener el control de la masa trabajadora, pero sobre todo de los tres sindicatos industriales disidentes.

[22] Mercedes Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo (México: UNAM-IIS, 1987), 89.

[23]Perla Jaimes Navarro, “El sindicalismo minero mexicano desde la perspectiva de sus protagonistas: La huelga de Coahuila (1950-1951) en el testimonio de Camilo Chávez,” Pacarina del Sur, http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1612-el-sindicalismo-minero-mexicano-desde-la-perspectiva-de-sus-protagonistas-la-huelga-de-coahuila-1950-1951-en-el-testimonio-de-camilo-chavez ( consultado el 27 de octubre de 2022)

[24] Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo, 92-95.

[25]Jaimes Navarro, “El sindicalismo minero mexicano…

[26] Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo, 97; véase también, Mario Gill, La huelga de Nueva Rosita (México: Fondo de Cultura Económica, 2019), 15 y 23

[27]Jaimes Navarro, “El sindicalismo minero mexicano…

[28] Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo, 96.

[29] “La cláusula de exclusión”, 1906 Semanario, 6 de mayo de 1943, p. 2.

[30] De esa manera la llamó la Sección 65.

[31] “La cláusula de exclusión”, 1906 Semanario, 6 de mayo de 1943, p. 2.

[32] Federico Besserer, José Díaz y Raúl Santana, “Formación y consolidación del sindicato minero en Cananea,” revista mexicana de sociología, vol. 42, no. 4, oct.-dic. 1980, 1352; Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo,91-111; Sariego Juan Luis, Juan Luis Sariego, Enclaves y minerales en el norte de méxico: historia social de los mineros de cananea y nueva rosita 1900-1970 (México: CIESAS, 1988), 247 -287. Luis Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera: historia sindical de los mineros de Nueva Rosita, 1929-1979 (México: INAH, 1988), 91-129.

[33] Besserer, Díaz y Santana, “Formación y consolidación del sindicato minero en Cananea,” Revista Mexicana de Sociología, vol. 42, no. 4, 1980, 1352; Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo, 91–111; Sariego, Enclaves y minerales en el norte de México, 247–287; Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera, 91–129.

[34] Mercedes Gaitán Rivero, El movimiento de los mineros en el alemanismo, 91-111; Sariego Juan Luis,  Enclaves y minerales en el norte de México, 247 -287; Luis Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera,  91-129.

[35] Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera,  102-105.

[36] Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera,  107.

[37] Mario Gill, La huelga de nueva rosita (México: Fondo de Cultura Económica, 2019), 21-25.

[38] Juan Luis Sariego, Enclaves y minerales en el norte de México, 276; Luis Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera, 114-115; Mario Gill, La huelga de Nueva Rosita, 31.

[39] La secretaria general optó por solicitar  que se convocara a una reunión  general extraordinaria en la Sección 14. Cuyo fin era borrar los acuerdos en contra del CEL espurio, y del CEG. Y de las actas y acuerdos para convocar la huelga. La huelga fue asi borrada de la historia de la seccion 14 y del SITMMSRM. Pero no de la memoria de quienes participaron y creyeron en ella. Victoria Novelo, “De huelgas, movilizaciones y otras acciones de los mineros del carbón de Coahuila,” Revista Mexicana de Sociología 42, no. 4 (oct.-dic. 1980),1375.

[40] Luis Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera, 126 y 127; Mercedes Gaitán Rivero, el movimiento de los mineros en el alemanismo, 108-109; Novelo Victoria, “De huelgas, movilizaciones y otras acciones de los mineros del carbón de Coahuila,”, 1376.

[41] “Que pedían y que obtuvieron. Bases principales del Convenio que puso fin a la Huelga”, Excelsior, 6 de marzo de 1950, p. 1.