7 de mayo de 2026

“Una democracia con adjetivos”: Vocabulario y prácticas electorales en México durante el régimen priista (1946–1976)

Por Carlos Eduardo Carranza Trinidad*

Introducción

Durante el siglo XX, el régimen priista se presentó a sí mismo como un sistema político democrático, sustentado en la participación popular y el voto libre. Dentro de la pluralidad de actores del sistema político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desempeñó un papel clave en la construcción y difusión de esta narrativa, al constituirse como la institución encargada de organizar y vigilar el desarrollo de los comicios en el país.[1] El PRI también invirtió cuantiosos recursos en la promoción de una imagen de sus gobiernos como liberales, mediante su propio proyecto editorial —alrededor del Instituto de Estudios Políticos y Sociales—,[2] recurrió a campañas de difusión en prensa,[3] radio, televisión[4] e incluso a propaganda en bardas y espectaculares. En muchos casos, la construcción de un relato sobre la democracia y el Partido se articuló también a la organización de eventos culturales, conferencias y cursos impulsados en los comités locales y regionales del Partido en el país.[5]

Sin embargo, para algunos sectores de la sociedad mexicana, la experiencia cotidiana de los procesos electorales distó considerablemente de esa narrativa oficial. Con especial intensidad, a partir de la apertura política que generó la reforma de 1976, diversos periodistas e intelectuales comenzaron a cuestionar el grado de control que el Poder Ejecutivo federal y el propio PRI ejercían sobre los procesos electorales. Por ejemplo, Enrique Krauze fue de los primeros autores que señalaron esta brecha entre los hechos y los dichos gubernamentales, reclamando la necesidad de instituir en México una “democracia sin adjetivos”. Con este término Krauze entendida un sistema político plenamente representativo y plural, opuesto a las prácticas electorales fraudulentas, al clientelismo, el corporativismo y los arreglos privados, las cuales eran identificadas como síntomas o rasgos de inmadurez cívica.[6]

Para autores como Fernando Escalante, esta lectura sobre la democracia sin “adjetivos” descansa sobre la idea de que sólo existe una forma democrática de participación: la ciudadanía. Esta visión desestima el estudio de las prácticas informales o no democráticas, así como los comicios en contextos autoritarios por ser irrelevantes o ilegítimos como estrategia de participación. Aquí el priismo es despojado de su especificidad política y social, y es presentado como un paréntesis autoritario o como un episodio desvinculado de procesos históricos más amplios. En esa lógica, el México posrevolucionario se vuelve un periodo ajeno a la tradición política mexicana, negando incluso la posibilidad de que haya producido sus propias tradiciones y prácticas políticas. Esta interpretación reduce la complejidad de sus dinámicas internas y caracteriza a la población como sujetos políticos cautivos.[7]

Más allá de la idealización que Krauze y otros autores proyectan sobre el ideal ciudadano y ciertos modelos democráticos occidentales[8] —José Woldenberg, Manuel Alcántara, Lorenzo Córdova y otros[9] vinculados a los estudios sobre la transición democrática—,[10] este trabajo parte de un enfoque distinto sobre la naturaleza del orden político del siglo XX. A pesar de sus limitaciones, contradicciones y márgenes de exclusión, en México las elecciones fueron fundamentales en el desarrollo de la política mexicana.[11] En ese sentido, los comicios siguen siendo espacios que históricamente han permitido la articulación de demandas sociales y fortalecieron formas específicas de participación política.[12]

Por tanto, este artículo parte del supuesto de que es precisamente en esos “adjetivos” —aquellos rasgos que intelectuales y actores políticos han señalado como desviaciones o “perversiones” respecto de un modelo democrático— donde pueden observarse algunas de las especificidades del proceso de construcción del régimen electoral mexicano contemporáneo. Para comprender las formas concretas en que distintos sujetos y grupos intervinieron, negociaron y experimentaron las votaciones, resulta particularmente fecundo examinar el vocabulario político informal, pues fue a través de él que diversos actores sociales dotaron de significado a lo que ocurría en las elecciones.

El objetivo del texto es desglosar este vocabulario recurriendo al desarrollo de una elección local, pues fue en ese nivel donde pueden identificarse estas prácticas con más claridad. Por ello, tomaré como estudio de caso los comicios municipales de Valle de Bravo en 1960. En vísperas del proceso de nacionalización de la industria eléctrica, este Distrito era el núcleo de generación de energía eléctrica del centro de México y para las autoridades federales su control político resultó vital. El caso también reúne todas las prácticas y el vocabulario político en torno a los procesos electorales durante el régimen priista, en particular entre las décadas de 1950 y 1970. El periodo comprende los años cruciales en el proceso de construcción y consolidación del PRI, el sistema electoral y el sistema político.[13]

Como hipótesis, sostengo que este repertorio de palabras y conceptos no fue únicamente una expresión de creatividad popular o de crítica política. También funcionó como un glosario práctico del orden electoral: un conjunto de categorías que hacía inteligibles sus mecanismos reales. En ese sentido, estas palabras registran prácticas informales que estructuraron la competencia y los saberes compartidos sobre su funcionamiento efectivo. Por tanto, el análisis de esta jerga también permite rastrear creencias, prejuicios y prácticas sociales que difícilmente quedan registradas en otras fuentes.[14]

Lenguaje y procesos políticos mexiquenses en la segunda mitad del siglo XX

Desde la década de 1950 circuló un vocabulario alternativo que describía la experiencia concreta de los comicios. En medios regionales, en editoriales marginales de la prensa nacional, en denuncias de opositores y en caricaturas políticas, comenzaron a aparecer términos que no figuraban en las leyes electorales ni aparecían en los discursos de la prensa nacional, pero que eran centrales para entender cómo funcionaban las elecciones.[15]

Así, en diversos textos y testimonios, los ciudadanos movilizados eran llamados “acarreados”; los militantes encargados de colaborar con los trabajos de organización electoral eran “mapaches” o “reventadores”; los funcionarios municipales y operadores políticos, devinieron en “pistoleros” o “alquimistas”; y la prensa afín al régimen, fue denominada como “palera”. Del mismo modo, las irregularidades electorales rara vez eran señaladas por su tipificación jurídica y más bien eran nombradas recurriendo a otras palabras que nunca aparecían en los discursos del presidente de la República o la dirigencia partidista. Algunos de estos términos los revisaremos más adelante, pero vale citar algunos de ellos: “carrusel”, “ratón loco”, “urnas embarazadas”, “madruguete”, “albazo”, “operación tamal”, entre muchas otras expresiones.[16]

Este vocabulario operaba en varios niveles. Por un lado, funcionaba como una herramienta de denuncia, especialmente utilizada por la oposición para subrayar el carácter envilecido de las prácticas políticas del régimen. Por otro, desde la década de 1950 hubo un uso reiterado de estos términos por parte de funcionarios o agentes del régimen vinculados a la organización de los comicios. Esto también puede leerse como evidencia de un proceso de profesionalización y sofisticación de las prácticas de control y manipulación electoral por medio de métodos legales o no tan legales. Al respecto, hacia la década de 1970, medios como Proceso o Siempre! utilizaban estos términos sin necesidad de aclarar su significado, lo que sugiere que el público lector ya comprendía plenamente su sentido.[17]

Sobre este último punto, junto a la prensa, con mayor énfasis en la década de 1960 y 1970, en varios libros o en las memorias de algunos políticos y periodistas mexicanos queda evidenciado un uso cabal de ese vocabulario. Algunos ejemplos son las Memorias de Gonzalo N. Santos o los textos periodísticos y literarios de Didier Bracho sobre la política en Durango.[18] En estos textos, queda ilustrado cómo se fueron perfeccionando y extendiendo las estrategias y prácticas del régimen en las labores electorales. En estos años, dichos términos también comenzaron a usarse en las obras de politólogos, sociólogos e historiadores,[19] quienes nombraron los fenómenos políticos con estas palabras.[20]

Esta recurrencia o naturalización de conceptos en el discurso sobre lo político no es casualidad. Retomando algunos de los argumentos que sostiene J. G. A. Pocock en sus textos donde analiza el “lenguaje político”, la “institucionalización” o normalización de formas de lenguaje o el uso de cierto vocabulario en diversos sectores sociales, es un proceso acompañado por la consolidación de grupos de poder. Estos grupos no necesariamente ocupan posiciones de autoridad o funciones dentro del Estado; fuera de él, otros sectores también institucionalizan lenguajes o conceptos, como grupos de carácter profesional, económico, etc. Además, esta jerga muchas veces se “impone” a los gobernados o dominados por medio de la ejecución de las prácticas o formas específicas de ejercer el poder.[21]

Para el caso mexicano, este proceso de institucionalización se articuló en torno a la construcción del sistema político posrevolucionario y, en especial, a la consolidación del Partido Revolucionario Institucional en 1946. En este periodo, el PRI empezó a reconstruir y fortalecer a sus comités regionales y municipales en todo el país.[22] En ese sentido, para el Estado y para el PRI, estos años fueron centrales en la tarea de mantener disciplina política en aras de evitar el fortalecimiento de las fuerzas opositoras, tal como ocurrió en la elección presidencial de 1940 donde los simpatizantes del candidato independiente Juan Andrew Almazan, desbordaron los esfuerzos de control oficial y amenazaron el dominio electoral del grupo revolucionario. También se pretendió impedir confrontaciones internas que derivasen en   fracturas o escisiones del propio PRI como la que tuvo lugar con la facción cardenista en 1952 encabezada por el candidato Miguel Henríquez Guzmán. En ese panorama, las elecciones fueron coyunturas clave para promover el avance —siempre incompleto o limitado— del control federal sobre los grupos políticos regionales o locales.

Cada estado de la república trató de replicar con un ritmo muy distintos estos procesos de centralización y control. El Estado de México fue un caso de “éxito”, pues con la llegada a la gubernatura de Isidro Fabela (1941-1945), inició un proceso de unificación de las élites políticas y se edificó un gobierno civil que desplazó a la élite gomista identificada con el militarismo, el obregonismo y el cardenismo. Todavía con más fuerza durante la administración del profesor Carlos Hank González (1969-1975), esta percepción sobre la consolidación de un solo “grupo político” se fortaleció con la promoción oficial del mito del llamado “Grupo Atlacomulco”.[23] En este relato, el Grupo actuó como una cofradía cerrada y comenzó a controlar puestos y recursos clave en la administración federal.[24]

Si bien este mito fue funcional para promover la carrera política de Hank González, la historiografía ha cuestionado seriamente la existencia de un único y cohesionado grupo político en la entidad.[25] La falta de unidad de las élites estatales quedó evidenciada en el proceso de conformación del Comité Ejecutivo Regional del PRI mexiquense. Por ejemplo, en las elecciones de 1960 y 1963 hubo numerosos conflictos en la tarea de selección de candidatos y en diversas ocasiones se presentaron “indisciplinas” de miembros del Partido que pusieron en riesgo las victorias electorales en los distritos de la entidad. De hecho, en diversos informes la propia Secretaría de Gobernación señaló algunos de estos episodios y la Dirección General de Gobierno manifestó su preocupación por la “debilidad” del PRI en algunos de los municipios más poblados de la entidad.

Uno de estos casos de “derrota” tuvo lugar en Valle de Bravo, un Distrito estratégico por su colindancia con la capital del estado: Toluca.[26] El caso es relevante porque este espacio –correspondiente al 6to Distrito Electoral local– comenzó a volverse punto clave en la trama del control político para el gobierno federal. Primero, porque ahí se encontraban las Presa Miguel Alemán y la de Villa Victoria, es decir, los depósitos de agua más grandes del sistema hídrico Cutzamala. También ahí se encontraban las instalaciones de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En otras palabras, ahí se administraba la producción y traslado de dos recursos trascendentales en el proceso acelerado de industrialización y urbanización del centro de México: el agua y la electricidad. De ahí que la administración nacional buscara incrementar el control político de Valle de Bravo. Además, con mayor énfasis en la década de 1950, el Distrito se convirtió en un espacio de desarrollo turístico que atrajo a la inversión privada y esto produjo un incrementó en la presencia de élites capitalinas en detrimento de campesinos y ejidatarios desplazados.[27]

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Gaceta Oficial del Estado, 1960

Dos niveles de prácticas partidarias electorales: internas y públicas

Una vez delineado a grandes rasgos el proceso de institucionalización política en México a mediados del siglo XX, ahora procederé a revisar el vocabulario que emergió con la conformación del sistema político y del partido oficial. Con fines analíticos y explicativos, estas prácticas que acompañaron a este vocabulario pueden agruparse, en dos grandes niveles: el primero estaba conformado por las actividades o procesos internos de los comités del Partido. Luego, están aquellas ejecutadas por las autoridades electorales en las casillas a plena luz del día en el desarrollo de las elecciones.

Sobre el primero de los niveles, es decir, las internas, diversos actores y la opinión pública comenzaron a referirse al proceso de confección de las listas de candidatos como “auscultación popular”.[28] De hecho, esta manera informal de referirse a las dinámicas internas del Partido y al proceso de consulta entre las “fuerzas vivas” de las regiones —es decir, los actores políticos con mayor fuerza y compromiso oficial en los estados—, comenzó a utilizarse también dentro de los círculos oficiales y las agencias policiales. Incluso, fueron los propios agentes de gobernación los que empezaron a promover de manera informal el uso de este término para evocar las labores de selección detrás de la elección de candidatos.[29] Aunque esta expresión sugería una forma de participación colectiva por medio de entrevistas y consultas, en la práctica remitía a negociaciones cerradas entre caciques locales, dirigentes partidarios y funcionarios de gobierno.[30]

En el contexto de la elección de alcaldes en 1960, la dirigencia del Comité Ejecutivo Regional (el PRI mexiquense) encabezada por Eduardo Arias expresó su preocupación por la situación política estatal. En síntesis, en una charla privada con agentes de la Dirección General de Gobierno de la SEGOB, Arias señaló el delicado equilibrio entre las “fuerzas vivas” en los distritos, pues en muchas regiones permanecían auténticos “cacicazgos” antipriistas que se negaban a acatar la “disciplina” de ese instituto político en la entidad.[31]

Por tanto, la “auscultación” debía mantener un equilibrio entre el control político del Ejecutivo mexiquense y los intereses de esas “fuerzas vivas” locales, eliminando el riesgo de una insurrección de las élites del valle y sus bases sociales. Debía evitarse una confrontación con el poderoso secretario general de la CFE y miembro del sector obrero Francisco Pérez Ríos, entonces diputado local por el mismo distrito. Una de las arenas de este conflicto se dio en la propia cabecera del Distrito 6, donde el PRI local decidió apoyar la postulación de Emilio Ballesteros Chaparro. En principio Ballesteros fue descartado por el PRI debido a que jugaba con “doble boleto”, es decir, estaba negociando con ambos bandos —el PRI mexiquense y Pérez Ríos— para conseguir la alcaldía. Pero al final recibió respaldo oficial por sus buenas relaciones con varios actores: con el sector obrero y el popular, en concreto, por su estrecha amistad con su líder n el Estado de México: Jesús Nava. También era amigo del Secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz y, en especial, fue cercano al presidente Adolfo López Mateos en su etapa de estudiante de derecho de Toluca.[32] Pérez, por su parte, promovió a un miembro del sindicato de electricistas: el doctor Carlos Gallardo.

En un segundo momento de esta operación política, Arias trató de ejecutar un doble juego donde, por un lado, fingía apoyar la candidatura del legislador Pérez Ríos y, por el otro, negociaba con los sectores el apoyo a Ballesteros en Valle de Bravo. Para concretar esta labor, el PRI prestó especial atención en la organización de las convenciones municipales para “madrugar” a Pérez, es decir, adelantar la ejecución de la reunión y restarle tiempo a su base para participar en las votaciones. Sin embargo, para septiembre debían llevarse a cabo estos eventos el que “madrugó” a la dirigencia del PRI mexiquense y saboteó la realización de la convención, la cual se pospuso dos semanas más, hasta inicios de octubre de 1960, violando los propios estatutos del partido.[33] Para ello, recurrió al “acarreo” o movilización de empleados de la Comisión Federal de Electricidad a quienes se les dio un incentivo para apoyar al candidato: un día libre y otro de vacaciones para impedir la realización del evento.

Para entonces, la convención del Partido logró ejecutarse al cambiar la sede del evento de última hora y logró ganar el candidato de la dirigencia por “aclamación”. Con ese término se hacía referencia a la manera de votar en la cual la dirigencia del PRI designa a las candidaturas por medio de gritos, porras, pancartas y a mano alzada para evitar un conteo de boletas individuales de militantes. Además, Arias preparó la “cargada”, es decir, agrupó al mayor número de delegados facultados para votar, así como a los miembros de los sectores para manifestarse fuera de la convención, con lo cual el dirigente trató de disminuir la fuerza de los disidentes y garantizar la elección de Ballesteros para la alcaldía. Sin embargo, Pérez Ríos no se rindió y decidió apoyar la candidatura “independiente” del Dr. Carlos Gallardo: lo anterior en clara violación a los estatutos del PRI y, en especial, a la ley electoral de 1951 la cual sólo contemplaba una candidatura independiente tras un largo y laborioso proceso de registro frente a la Dirección de Gobierno del poder Ejecutivo mexiquense.[34]

A partir de aquí, esta confrontación devino el desarrollo de dos candidaturas oficiales paralelas, las cuales eran respaldadas por diversos grupos políticos priistas que se disputaron el control de la región de Valle de Bravo. Tanto Emilio Ballesteros Chaparro como Carlos Gallardo comenzaron sus respectivas manifestaciones públicas a mediados de octubre de 1960 buscando conseguir el apoyo y las simpatías de la población local. No obstante, la situación se tornó compleja cuando el entonces alcalde en funciones de Valle de Bravo decidió poner los recursos políticos del municipio al servicio de Pérez Rios y Carlos Gallardo.

La respuesta de la dirección del PRI fue la de movilizar a las dirigencias municipales, en especial, a los sectores campesino y popular –Mario Díaz y Carlos Gómez respectivamente– para neutralizar la campaña de Gallardo. Por ejemplo, ambos mandaron a sus contingentes y “pistoleros” a “reventar” las manifestaciones públicas del candidato independientes, es decir, se pagaron hombres armados para violentar los actos de campaña del candidato disidente. También se ocuparon reventadores para bloquear las carreteras del municipio y sabotear los camiones del grupo de Pérez Ríos, esto con el fin de evitar la llegada de las comisiones de los electricistas a Toluca (los informes contaban 2,000), tal como lo indican los reportes e itinerarios de Gobernación.[35] No obstante, la campaña de Pérez Ríos y Gallardo desbordó los esfuerzos oficiales y logró mantenerse articulada hasta el día de la elección. Entonces, las fuerzas oficiales encabezadas por el Comité Ejecutivo Municipal y los sectores recurrieron a un último recurso para neutralizar a dicho movimiento: la “alquimia electoral”.

Aquí entra el segundo nivel de prácticas informales, las cuales tuvieron como escenario principal al municipio. A diferencia de las negociaciones internas del partido, estas acciones se ejecutaban de manera abierta y directa durante las distintas etapas del proceso electoral. Las Memorias de Gonzalo N. Santos son sin duda una fuente extraordinaria para conocer muchos de los “hechizos” perfeccionados por el priismo en la segunda mitad del siglo XX. Con un tono bravucón y desafiante que caracterizó a Santos, con el cuál el autor trató de convertir el cinismo en virtud, este político potosino documentó en distintos periodos buena parte de sus actividades como operador político dentro del Congreso y en los procesos electorales en distintas partes del país, incluyendo al Estado de México.[36] Muchas de estas prácticas también son corroboradas por la documentación del Comité Ejecutivo Regional del PAN, el cual denunció ante sus autoridades nacionales los “teje y maneje” detrás de estas designaciones de las candidaturas del PRI mexiquense y las elecciones.[37]

Un estudioso del PAN, Jesús Delgado, destaca la estrecha colaboración entre comités priistas y las autoridades municipales que en periodos electorales se convertían en “alquimistas”, es decir, operadores informales del oficialismo dedicados a intervenir —de forma legal o ilegal— en los comicios.[38] En ese caso, donde las autoridades del ayuntamiento se dividieron a favor de uno u otro bando, fue el comité local el que contribuyó a fortalecer la posición de las autoridades estatales en Valle de Bravo. Las elecciones tuvieron lugar el 6 de noviembre de 1960 y una de las primeras intervenciones de los alcaldes convertidos en “alquimistas” consistió en “rasurar” o “inflar” el padrón electoral, es decir, en su modificación ilegal. No era raro que en el padrón el número de votantes superara en número al de habitantes de determinada zona. De hecho, como insinúa con cinismo el mismo Santos, era común que funcionarios dieran este tipo de órdenes en la redacción de listas: “no me discriminen a los muertos pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar.”[39]

Cabe señalar que en el Estado de México, este proceso de control municipal fue muy accidentado y generó numerosos problemas a las autoridades centrales, pues desde 1919 hasta 1966, fueron los funcionarios del ayuntamiento los facultados para organizar y computar las elecciones locales.[40] No fue algo excepcional que las oficinas de gobernación federal y estatal recibieran denuncias sobre el manejo faccioso del empadronamiento, en especial en pueblos y rancherías. En el Distrito de Valle de Bravo tuvieron lugar situaciones de este tipo. Un caso fue el del municipio de Villa Cuauhtémoc, donde Pérez Ríos infló el padrón a favor de su candidato para el ayuntamiento y donde diversos ciudadanos –donde había firmantes del PRI– se quejaron de haber sido excluidos de la lista final de votantes.[41] Aunque no hay evidencia de que estos hechos hayan tenido lugar en la cabecera del Distrito, el entonces alcalde Salomón Santos sí fue señalado de tener estrecha amistad con Pérez Ríos.[42]

En las votaciones no fue raro observar en las casillas otras prácticas usadas por ambos bandos para promover la “orientación democrática del voto”. Una de las más socorridas en los testimonios de los partidos opositores fue la “operación tamal”. Tradicionalmente, con esta palabra se aludía a la entrega de alimentos y bebidas en espacios cercanos a las casillas, con la intención de entregar a los ciudadanos boletas ya marcadas a favor de un determinado candidato. Esta práctica fue favorecida por el hecho de que en la entidad, las boletas eran entregadas por el empadronador antes del día de los comicios.[43] Sin embargo, el sentido de esta palabra se diversificó y los agentes estatales entregaron una variedad amplia de bienes y servicios para garantizar la victoria en las elecciones. Por ejemplo, en zonas rurales como en el sur y el oriente de la entidad, los observadores del PAN denunciaron la intervención de las autoridades estatales, las cuales repartían puercos y vacas.[44] Sin duda, éste era un bien estratégico en el mundo rural, donde la introducción del ganado en las labores del campo significó una reducción significativa del empleo de fuerza y trabajo para los jornaleros.

En el Distrito 6 de Valle de Bravo también se presentaron secciones donde el PRI mexiquense entregó tortas, refrescos y sombreros, pero sostengo que estos pequeños regalos no tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la votación. Más bien, fueron otras dádivas que no siempre eran entregadas en público a los votantes las que resultaron ser más significativas y contribuyeron a las victorias en los comicios. Por ejemplo, en varias localidades rurales el Partido entregó tierra para cultivar, créditos, fertilizantes, ganado, medicinas (alópatas y veterinarias), etc. En las ciudades, se entregaron terrenos urbanos, casas, permisos/recursos para la construcción, materiales (cemento, varilla, tabiques, tinacos), inodoros, etc. Cuando la “operación tamal” era acompañada por el “acarreo” de ciudadanos, en realidad, el ofrecimiento de alimentos debe entenderse como un complemento dentro de un proceso de transferencia de recursos mucho más amplio.[45]

La idea la recupera Antonio Álvarez en varios artículos en los que reflexiona sobre el papel de los sectores populares en el marco de las prácticas clientelares de las élites políticas. Álvarez critica la idea que sostiene que esta forma de hacer política es una forma de “sobornar” a la gente y manipular a los sectores marginados de la sociedad para que voten por personas con las que no simpatizan y actúan contra sus intereses. Más bien, el autor señala cómo éstas no son sólo estrategias de los partidos, en este caso el PRI, para mantener a la gente cautiva; por el contrario, la gente recurre a estos líderes porque resolvía aspectos cruciales para su sostenimiento cotidiano. Así, la decisión de entregar un voto para conseguir una casa, materiales o una plaza de trabajo no eran temas menores para muchos mexicanos.[46]

Por ejemplo, ese fue el caso del PRI mexiquense como del entonces diputado Pérez Ríos, quien desde su posición en el sector obrero del PRI, miembro de la dirigencia de la CTM y líder del sindicato de la CFE. Estas posiciones resultaron ser clave para el control y manejo de recursos. Por tanto, como señala Salvador Maldonado para el caso mexiquense, los obreros que se involucraron en las actividades del priismo mexiquense no deben ser considerados como simples “víctimas” del sistema político. De hecho, como permite entrever el caso de Francisco Pérez Ríos y el de otros líderes, los trabajadores respaldaban activamente las carreras de ciertos sindicalistas y operaban como fuerza de choque para desarticular el poder de otros, principalmente porque esa apuesta también traía beneficios para ellos.[47]

En ese sentido, Álvarez en ningún momento válida ni valora positivamente estas prácticas. No obstante, sí critica a las voces que estigmatizan estas formas de hacer política, las cuales atribuyen actos como la venta de votos a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Por ejemplo, los autores que se han apropiado de la noción de una “democracia sin adjetivos”, suelen ponerles una carga ética a estas prácticas y suelen omitir deliberadamente el análisis de los entornos sociales. Es decir, rechazan cualquier forma de política popular y la caracterizan como antidemocrática. En ese sentido, el autor también cuestiona la afirmación que sostiene que los sectores altos o medios con una posición económica o escolarizada privilegiada sí ejercen el voto de forma informada, consciente, libre y democrática,[48] pues incluso estos grupos sacaron provecho y se posicionaron dentro del sistema corporativo y clientelar de la segunda mitad del siglo XX.[49]

Para la elección de 1960 en Valle de Bravo, la relevancia de este apoyo se ve con claridad al analizar la actividad disidente de Pérez Ríos. Al respecto, el control de votantes del diputado Pérez orilló a la dirigencia estatal a organizar una operación a gran escala de “acarreo” de votos, pues Eduardo Arias recurrió a una alianza con los líderes de la COCEM (Confederación Obrero Campesina del Estado de México, rival de la CTM) y la dirigencia de los electricistas del estado de Michoacán para neutralizar a Pérez. Al respecto, el agente federal Rubén Fernández destacó la participación del líder electricista de nombre José López (identificado como “El Toluco” por el origen de este personaje), quien en alianza con los poderes estatales movilizó a más de 2,800 acarreados. Acto seguido, “El Toluco” procedió a movilizar en camiones a estas personas para tomar el control de las casillas para ejecutar un “ratón loco” y aplicar un “carrusel”. La primera de estas actividades alude al cambio de posición de las casillas –obligando al rival a perseguir las ánforas como “ratón loco”–. “El Carrusel” es transporte de estas personas hacia todas las mesas electorales del distrito para que de forma ilegal éstas depositaran de forma repetida sus votos en todas las secciones.[50] Aunque el documento no refiere a esta práctica en particular, tampoco era raro que se “embarazaran urnas” (llenar las ánforas con boletas apócrifas rellenadas de forma previa a la elección) y se lograra obtener una casilla “zapato” (es decir, una donde de forma unánime haya ganado un determinado candidato).

Sorprendentemente, a pesar de toda esta operación del PRI mexiquense, el agente de gobernación señaló la derrota del candidato oficial. Sin embargo, Arias solicitó el envío de agentes de la Secretaría de Gobierno local y de la policía mexiquense para “restaurar el orden constitucional” en la zona, argumentando la impopularidad de Pérez Ríos en el distrito. Acto seguido, Eduardo Arias y el comité estatal aplicaron la “alquimia electoral” y modificaron el cómputo, de forma que la planilla defendida por el centro fue la triunfadora.[51]

Aquí me interesa destacar cómo incluso en un contexto autoritario, diversos líderes y actores sociales se involucraron en los comicios. Sobre la participación de las mayorías, la asistencia a las urnas siempre fue indispensable para el régimen, el cuál sistemáticamente presumió el aumento paulatino de los ciudadanos inscritos al padrón y el incremento de sufragios en las urnas.[52] En este proceso, si bien mediaba la “alquimia” que incrementaba mágicamente estos números y la cohesión, también había un margen amplio para una participación voluntaria y la negociación de demandas concretas por parte de la población.

Consideraciones finales

El examen del vocabulario político asociado a los procesos electorales en el régimen priista permite desplazar la mirada desde la oposición normativa entre democracia y autoritarismo hacia el estudio de las formas históricas en que se organizó la competencia política. Las expresiones que circularon para nombrar prácticas como el “acarreo”, la “cargada” o la “alquimia electoral” no fueron recursos retóricos ni deformaciones del lenguaje jurídico; configuraron una gramática política compartida que hizo inteligibles las reglas del juego electoral. A través de estas palabras se codificaron expectativas, se estabilizaron conductas y se delimitaron los márgenes de acción dentro del régimen. Desde esa perspectiva, la informalidad no aparece como anomalía, sino como componente estructural de la regulación política en la que los actores aprendieron a moverse mediante acuerdos tácitos y procedimientos reiterados. Así, los “adjetivos” de la democracia no fueron añadidos secundarios, sino dispositivos que organizaron la experiencia electoral.

Este enfoque no implica relativizar el carácter restrictivo del régimen, sino comprender cómo operó su estabilidad. La democracia priista no puede reducirse ni a mera simulación ni a simple fachada autoritaria; fue también un orden sostenido por reglas informales reconocidas que estructuraron la interacción entre partido, Estado y sociedad. El lenguaje no sólo reflejó esa configuración del poder: contribuyó a su consolidación al hacer previsibles sus mecanismos y delimitar lo imaginable y practicable dentro de la vida electoral.

En este punto resulta necesario volver a la noción de “democracia sin adjetivos” formulada por Enrique Krauze y retomada por intelectuales vinculados al estudio de la transición. Más allá de su eficacia retórica, esta formulación descansa en una idea específica de ciudadanía: un sujeto abstracto cuya única forma legítima de participación sería el voto en condiciones ideales. Bajo este prisma, las mediaciones corporativas aparecen como desviaciones. Sin embargo, el análisis del vocabulario electoral sugiere algo distinto: que los actores no fueron meros objetos de manipulación, sino participantes activos en un orden cuyas reglas eran conocidas y utilizadas estratégicamente. La crítica a la “democracia con adjetivos” no sólo cuestionó prácticas específicas, sino que también tendió a invisibilizar prácticas históricas que no encajan en el ideal de una ciudadanía exclusivamente electoral.

Fuentes:

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Pocock, J. G. A. “El concepto de lenguaje y el métier d’historien: reflexiones en torno a su ejercicio.” Pensamiento político e historia: Ensayos sobre teoría y método, traducido por Sandra Chaparro Martínez, Akal, 2011, pp. xx–xx.

Rodríguez Kuri, Ariel, “Los años maravillosos: Adolfo Ruiz Cortines”, en Will Fowler (coord.), Gobernantes mexicanos II: 1911-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

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Woldenberg, José. Historia mínima de la transición democrática en México. El Colegio de México, 2012.

[1] Rogelio Hérnandez, El PRI, 2016, 36.

[2] “Presentación del proyecto editorial”, en Alberto Morales, Historia de la Revolución, 1952.

[3] “El PRI y la doctrina democrática”, El Nacional, 17 de junio de 1954.

[4] “Campaña del PRI en 1976”, en línea: https://youtu.be/HD5JYJ71yns?si=7QtLxd8uHfdfcLXT.

[5] Por ejemplo, dando cursos de cocina, enfermería o carpintería; incluso aprovechando actos cívicos y conmemorativos, así como actos de apoyo a movimientos de izquierda de América Latina. Archivo General de la Nación (AGN), Dirección Federal de Seguridad (DFS), exp. 09-037-016, legajo 5.

[6] Enrique Krauze, “Por una democracia”, 1981.

[7] Escalante reflexiona sobre las aspiraciones históricas de la élite mexicana, la cual ha buscado crear una “auténtica ciudadanía”: individuos apegados al orden normativo, en contraposición a la violenta o a la “política bronca”. Además, este modelo de participación requiere de personas leales al Estado y el rechazo a las lógicas o lealtades locales en México. Fernando Escalante, Ciudadanos, 2020, p. 56.

[8] Los estudios de caso ponen en entredicho la idea de “pureza” de los procesos democráticos occidentales (Inglaterra, Francia o Estados Unidos), los cuales suponen (equivocadamente) que éstos en ningún sentido estuvieron “adulterados” por intereses y prácticas autoritarias. Una crítica o un balance del peso que tuvieron los cacicazgos, las prácticas ilegales y fraudulentas en los procesos electorales de Estados Unidos en el siglo XX, puede verse en G. Wayne Dowdy, Mayor Crump Don’t Like it, 2006.

[9] Mauricio Merino, La transición, 2003, p. 56; Lorenzo Córdova y Ernesto Núñez, La democracia, 2022, p. 85; José Woldenberg, La transición, 2012; Rafael Lemus, “La transición que no fue”, 2024.

[10] Lemus critica a estos autores en Rafael Lemus, “La transición que no fue”, 2024.

[11] El gobierno invirtió recursos financieros e institucionales para ejecutar de manera ininterrumpida en el ámbito federal. Willibald Sonnleitner, Lo que el voto se llevó, 2018, pp. 18-26.

[12] Willibald Sonnleitner, Lo que el voto se llevó, 2018, p. 15.

[13] Rodríguez Kuri, “Los años maravillosos”, 2008, p. 269.

[14] El artículo recurre al examen de memorias, fuentes oficiales federales y estatales –AGN, AHEM– y hemerografía, este trabajo arroja pistas para entender cómo se fueron codificando y configurando entre la legalidad y la informalidad espacios “grises” de participación.

[15] Manuel López, Mi paso, 1974, p. 32.

[16] A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI diversos diccionarios y repertorios lexicográficos han incorporado algunos de estos términos y sus significados. Lo anterior es un indicador relevante de su arraigo social y de su legitimación cultural. Eduardo Mendoza y Teresa Romero, Palabras para la democracia, 1994. David Bak, Reporto de máscaras, 2022, pp. 10-15.

[17] Aquiles Elorduy, “Pues que me ‘cuérne’ el toro”, Novedades, 4 de noviembre de 1957, p. 1; Pablo González Casanova, “La democracia en México”, La cultura en México, núm. 161, 17 de marzo de 1965; Juan José Hinojosa, “Ante el fraude ¿qué camino seguir?”, Proceso, núm. 2, 3 de enero de 1977; Miguel Ángel Granados Chiapas, “Sobre la Reforma política”, Siempre!, 2 de noviembre de 1977.

[18] Gonzalo N. Santos, Memorias, 1985, pp, 407, 714-746; Bracho fue uno de los periodistas duranguenses más importantes de la década de 1960 y 1970, una de las voces estelares de la Cadena García Valseca en el norte del país: Didier Bracho, Duranguenses humillados, 1973.

[19] Algunas de estas palabras fueron usadas por Cosío Villegas al referirse a la estructura y funcionamiento del sistema político en la década de 1960. Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, 1972, pp. 59-70.

[20] Por último, los diccionarios políticos y de “mexicanismos” de forma paulatina incorporaron estas palabras a sus corpus. Eduardo Mendoza y Teresa Romero, Palabras para la democracia, 1994; Fernando Montes de Oca, Politiquerías, 2018. Una herramienta muy útil para identificar y definir algunas de las prácticas electorales es el motor de búsqueda de Corpus del Español Mexicano Contemporáneo (1921 – 1974) del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. La herramienta es muy útil, pues es una colección de contextos de uso de las palabras en distintos periodos del siglo XX. La primera parte abarca numerosas obras literarias o académicas publicadas entre 1921 y 1974.

[21] J. G. A. Pocock, “El concepto de lenguaje”, 2011, p. 103.

[22] Tiziana Bertaccini, El régimen priista, 2009, pp. 90-93.

[23] Desde 1945 la prensa local y algunos políticos ya hacían referencia a la existencia de un Grupo Atlacomulco: AGN, Dirección General de Gobierno (DGG), 2.311G(12)4, caja 1965, exp. 1.

[24] “El Grupo Atlacomulco sí existió… para Gobernación”, Milenio, 15 de mayo de 2017.

[25] Rogelio Hernández, Amistades, compromisos, 1998, p. 105.

[26] AGN, DFS, caja 890, exp. 100-13-18

[27] Villarreal, González, Contreras, “Proceso de modernización”, 2013, p. 32.

[28] Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, 1973, p. 65.

[29] “Informe sobre la situación de los partidos políticos registrados y no registrados en el Estado de México”, AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 1.

[30] Otras prácticas de los comités fueron mencionadas de forma reiterada en el discurso político. Así se popularizaron términos como el “dedazo” o “el tapado/destapado” para referirse a la decisión unilateral y a la naturaleza antidemocrática de la elección de candidatos por parte del presidente de la república y los gobernadores. Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, pp. 59-65.

[31] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 1.

[32] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 1, ff. 65 y 257.

[33] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 1, ff. 65 y 257.

[34] Álvaro Arreola, Legislación electoral, 2003, p. 207; En especial, el artículo 28 de los estatutos priistas sobre la “disciplina” partidaria: PRI, Historia documental, 1982, T5, p. 655.

[35] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 1, ff. 102-105.

[36] Gonzalo N. Santos, Memorias, 1985, pp. 655-685.

[37] Archivo del Partido Acción Nacional, CER Estado de México, caja 1, exp. 12-13.

[38] Jesús Delgado, Historia del PAN, 2005, pp. 68-69.

[39] Gonzalo N. Santos, Memorias, 1985, p. 716.

[40] Álvaro Arreola, Legislación electoral, 2003, pp. 198-201.

[41] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 2, f. 120.

[42] AGN, DFS, caja 980, exp. 100-13-18, legajo 2, f. 136.

[43] Álvaro Arreola, Legislación electoral, 2003, pp. 198-201.

[44] Archivo del Partido Acción Nacional, CER Estado de México, caja 1, exp. 12-13.

[45] Antonio Álvarez, “Nuestra imagen”, 2015.

[46] Antonio Álvarez, “La política popular”, 2015.

[47] Salvador Maldonado, Grupos políticos, 2002, p. 162.

[48] Salvador Maldonado, Grupos políticos, 2002, p. 162.

[49] Antonio Álvarez, “La política popular”, 2015.

[50] AGN, DFS, caja 980, exp.100-13-18, leg. 3.

[51] AGN, DFS, caja 981, exp.100-13-18, leg. 1, f. 120.

[52] “Nuestra democracia en marcha”, Novedades, 3 y 6 de julio de 1964.

* Carlos Eduardo Carranza Trinidad: Historiador especializado en la historia política de México en el siglo XX, con énfasis en corrupción, extranjería, prácticas informales de poder y procesos electorales. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Humanidades (Historia) por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Actualmente cursa el doctorado en Historia en El Colegio de México, donde desarrolla la investigación “La aplanadora. Una historia del control político-electoral en México durante el régimen priísta (1946-1969)”. Ha trabajado como asistente de investigación en proyectos sobre migración y extranjería y ha publicado estudios sobre nacionalismo económico, comunidades extranjeras y violencia política en el México posrevolucionario.

 Correo electrónico: ccarranza@colmex.mx

“Una democracia con adjetivos”: Vocabulario y prácticas electorales en México durante el régimen priista (1946–1976)

Resumen: Este artículo examina el lenguaje político informal que acompañó la construcción y consolidación del sistema electoral posrevolucionario. Frente a la noción normativa de una “democracia sin adjetivos”, el estudio propone analizar los “adjetivos” —acarreo, cargada, madruguete, ratón loco, alquimia electoral— como categorías que hicieron inteligibles los mecanismos de competencia y control político. A partir del estudio de caso de la elección municipal de Valle de Bravo en 1960, en un contexto marcado por la nacionalización eléctrica y el desarrollo turístico, se sostiene como hipótesis que este vocabulario no fue mera denuncia retórica, sino un glosario práctico que codificó saberes compartidos y reglas informales del régimen. La investigación se apoya en archivos federales y estatales (AGN, AHEM), hemerografía y memorias políticas, articulando análisis lingüístico e historia política.

 Palabras clave: Régimen priista; Elecciones; Lenguaje político; Informalidad

“A democracy with adjectives”: Vocabulary and electoral practices in Mexico during the PRI regime (1946–1976)

Abstract: This article examines the informal political language that accompanied the construction and consolidation of Mexico’s post-revolutionary electoral system. In contrast to the normative notion of a “democracy without adjectives,” the study proposes analyzing these “adjectives”—acarreo, cargada, madruguete, ratón loco, and electoral alchemy—as categories that rendered intelligible the mechanisms of political competition and control.

Based on a case study of the 1960 municipal election in Valle de Bravo, in a context shaped by the nationalization of the electric industry and tourism development, the article advances the hypothesis that this vocabulary was not merely rhetorical denunciation but a practical glossary that codified shared knowledge and the regime’s informal rules. The research draws on federal and state archives (AGN, AHEM), newspapers, and political memoirs, integrating linguistic analysis with political history.

 Keywords: PRI regime; Elections; Political language; Informality

Cómo citar este artículo: Carranza Trinidad, Carlos Eduardo. “Una democracia con adjetivos”: Vocabulario y prácticas electorales en México durante el régimen priista (1946–1976), Criba. Historia y Cultura, no. 12, abril-junio, 2026, pp. 19 – 35.